Un total de 51 expedientes que han supuesto el reconocimiento de unos derechos económicos de más de 150.000 euros para el Concello de Bueu, de los que ya ha percibido cerca de 120.000 euros. Estos son los datos globales que arroja el Plan de Inspección Tributaria del año 2018 realizado por la empresa GTT, que tiene adjudicado el contrato de gestión tributaria de Bueu. Esa labor de control e inspección se centró fundamentalmente en tres capítulos: Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general (telefonía, energía eléctrica, gas...). La ley obliga a estas compañías a pagar un gravamen del 1,5% sobre su volumen de negocio en el municipio por el uso de ese dominio público.
El área que reportó mayores ingresos a las arcas municipales fue la del IAE, según se desprende de la memoria que la empresa acaba de entregar al consistorio. En el año 2018 se incoaron un total de 18 expedientes a empresas con sede en el municipio. Seis de ellos fueron archivados sin ningún tipo de requerimiento a las sociedades. Los otros doce expedientes sí que generaron la obligación de actualizar el pago de este impuesto, lo que significó abonar cuantías adicionales que oscilaron entre los 300 euros y los casi 25.000. Esta inspección supuso la liquidación de un total de 120.766 euros durante 2018, una cuantía de la que el Concello de Bueu ya ha cobrado casi 72.000 euros. Este proceso no está concluido porque según el informe aportado por GTT todavía continúan abiertos seis expedientes de 2018 y hasta 17 del ejercicio anterior.
Esta actividad de control se centró en la actividad industrial, en la división de comercio y reparaciones, en la comercialización de energía eléctrica y en la venta al por mayor de pescado y otros productos derivados de la pesca y acuicultura.
Para afrontar la inspección sobre el aprovechamiento especial del dominio público local GTT se puso en contacto con las empresas más significativas con domicilio en Bueu. En total fueron 13 requerimientos para que estas sociedades detallasen las compañías que les prestan el servicio de suministro de gas, energía eléctrica o telefonía fija. Al mismo tiempo se solicitó a las distribuidoras que indicasen cuáles fueron las empresas que emplearon sus redes, desde cuándo y qué cantidades se facturaron. La oficina municipal de gestión tributaria también se fijó como objetivo investigar y hacer aflorar compañías que no están tributando por esta tasa y deberían hacerlo. "Estanse a realizar comprobacións das empresas distribuidoras, comercializadoras e operadoras que teñan actividade no ámbito municipal do Concello, accedendo para iso a rexistros públicos [Comisión Nacional de Energía y Comisión Nacional de Telecomunicaciones] así como aos operadores do mercado nacional enerxético co fin de detectar estes novos suxeitos pasivos", explican desde GTT. Pese a ello, durante 2018 no se abrieron nuevos expedientes en este sentido, sino que la actividad inspectora se centró en cerrar los 67 que ya estaban abiertos desde el ejercicio 2017. De esta manera, durante 2018 el Concello de Bueu cobró 18.000 euros por este concepto.
El tercer pilar del plan inspector del año pasado fue el ICIO, en base al que se incoaron nueve expedientes, que significaron el cobro de un total de 24.000 euros. Según la memoria presentada al ayuntamiento, en estos momentos continúa abierto un expediente y este impuesto volverá a ser una de las prioridades en el Plan de Inpección Tributaria de 2019. "Continuarase a inspección sobre aquelas obras cuxo final efectuouse a partir do execicio 2015 e, igualmente, serán obxecto de seguemento aquelas obras realizadas sen a preceptiva licenza urbanística", apuntan.
Paralelamente durante la inspección de 2018 se abrieron casi una docena de expedientes porque en algunos casos se detectaron infracciones tributarias, que supusieron la liquidación de 6.523 euros en sanciones, una cuantía de la ya se han cobrado 4.407 euros.
