En enero de 2018, la mesa de contratación propuso a Ferrovial como adjudicataria del servicio para sustituir por luminarias de tecnología led los alrededor de 6.000 puntos de luz pública repartidos por el municipio y la empresa afrontaba una inversión estimada de 3,5 millones de euros en los seis meses siguientes a la adjudicación del contrato, que se decidió en febrero. Ferrovial competía con otras seis firmas: Endesa, Imesapi, FCC, Tecnocontrol, Sitelec Global y la UTE Ecoled-Temansa y fue seleccionada por las características técnicas y la oferta económica. El compromiso era por ocho años y, a cambio, la compañía recibiría de las arcas municipales unos 710.000 euros anuales destinados a amortizar la inversión y pagar las facturas por el consumo de todo el sistema, que se vería sensiblemente reducido. Pero dos de las empresas alegaron a la decisión por entender que la redacción de algunas cláusulas inducían al error y el Tribunal de Asuntos Contractuales, ligado al Ministerio de Hacienda, les dio la razón y anuló el procedimiento. El gobierno tripartito renovó su apuesta y decidió retomar el procedimiento desde el principio, pero aún no ha dado fechas de la nueva licitación.
