La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso presentado por la defensa del gerente de Motor Cangas contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas de declarar compleja la investigación, que suponía fijar una prórroga en el plazo de instrucción de 18 meses. El auto apelados resolvía también un escrito de petición de nulidad de las actuaciones, que se basaba en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por infracción del derecho de defensa, audiencia y contradicción.
La defensa de Motor Cangas alegaba que los asuntos fueron adoptados sin la audiencia y que ello, además de vulnerar lo dispuesto en la norma, artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vulnera sus derechos de defensa. La Audiencia entiende que si la personación de la persona jurídica Motor Cangas S.L. en la actuaciones tuvo lugar el 6 de febrero de 2018 como esta refiere, "mal se le podía haber dado traslado para resolver sobre la declaración de complejidad, puesto los autos que la acordaron son anteriores. Si además no se parecía aún, mínimamente definida la posición procesal de tal persona jurídica, como se indica en el auto apelado, tampoco resultaba exigible dicho traslado previo. Pero, y esto es lo relevante, no se acredita en cualquier caso, qué indefensión pudo causarle la falta de audiencia previa a tales efectos, dada la articulación de su impugnación por la vía de los recursos que ha presentado. Y esa falta de indefensión es además, en un alarde de sinceridad, admitida por la propia apelante en su recurso.
También señala la Audiencia Provincial que "la existencia de acumulaciones múltiples afectados y acumulaciones es paradigma de hecho complejo y por tanto fundamento de tal declaración.
Por otra parte, hubo ya una reunión del fiscal que lleva el caso con todos los abogados de la acusación con el fin de fijar una estrategia que no se desvíe de la acción principal.
Las instalaciones de Motor Cangas cerró sus puertas a finales del mes de junio, día en el que el propietario del concesionario de vehículos entregó la carta de despido a los trabajadores. El propietario de Motor Cangas, José Graña, está acusado de un delito de fraude de 640.000 euros y con más de un centenar de personas afectadas.
Los trabajadores que acudieron al Servicio de Mediación y Arbitraje de la Xunta de Galicia están recibiendo contestaciones positivas a su demanda de pago de los salarios adeudamos y de la indemnización correspondiente por despido.
