La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Cangas denunció por la vía administrativa a una vecina de Vilaboa por infringir la nueva Ley 4/2917 de la Xunta de Galicia de protección y bienestar animal. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza pudieron comprobar que está vecina tenía catorce perros, y diez de ellos estaban encadenados de forma permanente las veinticuatro horas del día. Algo que impide la nueva normativa autonómica.
Los animales, excepto en dos en los que tampoco se pudo acreditar fehacientemente, carecían de la preceptiva documentación del correspondiente microchip. Tampoco figuraban inscritos, como es preceptivo, en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos, al ser considerado como tal por superar ampliamente la cantidad estipulada de cinco perros.
A raíz de las circunstancias observadas, el Seprona denunció a la propietaria de los perros por una supuesta infracción a la Ley 4/2017, de protección y bienestar de los animales compañía en Galicia, por mantener a los perros atados de forma permanente limitándoles los movimientos que le son necesarios durante la mayor parte del día para su bienestar. Al mismo tiempo, se formularon varias denuncias por distintas infracciones administrativas relacionadas principalmente con los registros documentales y microchips, que fueron remitidas a la Delegación Provincial de la consellería de Medio Ambiente e Desenvolemento Sostible de la Xunta, que ahora se encargará de tramitar la correspondiente sanción.
La actuación desarrollada por la Guardia Civil no tardó en ser aplaudida por colectivos animalistas como Libera! o la Fundación Franz Weber. Según explican estos colectivos, a pesar de la entrada en vigor de la ley autonómica, la práctica del encadenamiento permanente se "reproduce por decenas" a lo largo y ancho de toda la provincia de Pontevedra.
Los animalistas subrayan que la conducta denunciada por los agentes se corresponde con una infracción de carácter grave de la Ley de Benestar Animal de Galicia, que entró en vigor el pasado año y que contempla sanciones de hasta 5.000 euros por mantener a los animales encadenados de forma permanente, una situación que somete a los mismos a toda clase de sufrimientos psíquicos y físicos.
En este sentido los colectivos recuerdan que desde hace un año también hacen campaña activa contra estas malas prácticas a través de la iniciativa #SenCadeas, que ha registrado más de 380 casos similares en toda Galicia y que trata de implicar a la Xunta en la resolución de las denuncias de forma ágil, "conscientes de que una serie de sanciones contribuirán a ejercer un efecto disuasorio sobre los maltratadores".
Apoyo de la Diputación
FFW y LIBERA! han ido un paso más allá y plantean que la Diputación Provincial de Pontevedra impulse una campaña para disuadir del encadenamiento continuado en los 62 municipios sobre los que presta toda clase de servicios, como el servicio de recogida de animales abandonados en gran parte de los mismos.
Los defensores de los animales piensan en la institución gobernada por el bipartito integrado por el PSOE y BNG para esta iniciativa al entender que es una administración "más cercana a la ciudadanía que la propia Xunta, y con el objetivo de implicar al mayor número de instituciones en la lucha contra el maltrato y el abandono animal".
