El Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Illas Atlánticas superó ayer su último trámite. El documento recibió el visto bueno del Consello de la Xunta, con lo que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero. De esta manera se cumplen las previsiones del gobierno autonómico, que confiaba en aprobar el plan antes de final de año.
Una de las medidas más destacadas del PRUG es que, por primera vez, se fijan topes de visitantes para la isla de Ons. El cupo se reparte en función de tres variables, que en conjunto suman un total de 1.800 personas: 1.300 visitantes diarios, 200 plazas adicionales para las visitas en grupo y finalmente otras 300 plazas para la zona de acampada. El límite para las Cíes será de 1.800 visitas diarias, 200 para los grupos y un cupo máximo de 600 campistas. Estas cifras estarán vigentes durante la temporada alta, que comprende la Semana Santa y el periodo entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. El resto del año se considera temporada baja y el límite será de 450 personas para cada uno de los archipiélagos.
El encargado de explicar el acuerdo tras el Consello de la Xunta fue el propio presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que subrayó que la aprobación del PRUG supone "un paso máis" en la carrera para conseguir que la Unesco declare este espacio como Patrimonio de la Humanidad.
La aprobación del PRUG llega 16 años después de que el Congreso aprobase la declración del primer parque nacional gallego. La tramitación de este documento imprescindible para un espacio natural protegido se demoró mucho más de lo previsto debido a la confluencia de sectores de lo más diverso. Uno de los más importantes es el de la flota artesanal de bajura, que tiene en las Illas Atlánticas su principal fuente de recursos. La primera propuesta de PRUG preveía delimitar zonas de reserva en las que no estaría permitida la pesca, lo que provocó el rechazo frontal de las cofradías porque significaba ir contra la promesa de respetar los usos y costumbres tradicionales. Finalmente lograron que el plan se retirase de la mesa y en esta segunda tentativa la Xunta logró consensuar una regulación que permite mantener la actividad pesquera y marisquera.
El plan rector se aprueba para un horizonte temporal de diez años y garantiza un presupuesto anual de 2,5 millones de euros para avanzar en conservación de la biodiversidad, investigación, uso público, conservación del patrimonio cultural, sostenibilidad y la definición de un plan de emergencia y autoprotección.
