En octubre de este año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró la nulidad de la ordenanza municipal que regula las tarifas del agua de Cangas aprobada por el Concello el 2 de diciembre de 2016 y que entraron en vigor en 2017. Otorgaba así la razón a la concesionaria del servicio, la UTE Gestión Cangas (Aqualia-Civis Global) que había recurrido la decisión municipal y en medio de la polémica por la intención del gobierno de rescindir la concesión.
Fue el segundo revés en menos de dos años para los intereses del gobierno municipal, ya que en febrero de 2017 el mismo tribunal anuló las tarifas del agua que se establecieron en 2015 con precios de 2014, antes de que la firma del contrato entre el Concello y la concesionaria del ciclo del agua, a la que se adjudicó el servicio en el pleno de 26 de septiembre de 2014. El tribunal rechazó que el informe de Emlcasa sea el técnico-económico preceptivo que debe acompañar a la ordenanza municipal.
