"Polo menos alguén tomou a iniciativa", manifestaba ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) sobre la demanda que presentó la Fiscalía de Pontevedra a la concesionaria de la AP-9 Audasa or la "práctica abusiva" en el cobro de peajes en Rande durante los más de tres años que se prolongaron las obras de ampliación del puente. Pazos compara esta actitud de la Fiscalía de Pontevedra con la inacción de los gobiernos de Madrid: primero el del PP que recibió las obras de ampliación del Puente de Rande cuando no habían finalizado y después del PSOE, que miró hacia otro lado.

El regidor local asegura que la denuncia tiene más de simbólica y de ejemplarizante de ser realmente efectiva a la hora de indemnizar a todos los perjudicados, ya que salvo aquellos usuarios que dispongan de un sistema de pago electrónico, a los demás les va a ser muy difícil demostrar su paso por la autopista. Pero Xosé Manuel Pazos está contento con la demanda de la Fiscalía porque supone un tirón de orejas a Audasa, que hasta ahora pensaba que este era su coto privado.

Por su parte, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), sí que espera que la justicia condene a Audasa y que la demanda no se queda en un simple acto simbólico. Entiende que la concesionaria de la autopista AP-9 ha cometido abusos durante las obras de ampliación del puente de Rande con respecto a los usuarios en el cobro de los peajes. Recuerda Leticia Santos la falta de información con la que ha mantenido a estos concellos respecto a las obras que se estuvieron realizando en el puente a lo largo del último año y después de que las obras se hubieran inaugurado por parte del Gobierno anterior del popular Mariano Rajoy. En estos días, la empresa que estuvo realizando los trabajos, que mantuvieron inoperativas las plataformas de evacuación del puente, ya retiró toda la maquinaria y ayer solo quedaban dos o tres operarios circulaban por los laterales del puente ultimando esta retirada.