A principios de noviembre, el Consello Consultivo de Galicia decidió devolver el expediente de rescisión de contrato al Concello de Cangas con el propósito de que los ampliara. Faltaba el informe de Intervención, que es vinculante, y también la contestación a todas y cada una de las alegaciones presentadas por la UTE Gestión Cangas. Esta resolución puso a la luz de que el expediente de rescisión había caducado ya por segunda vez. Así que ahora el gobierno local puede que encontrara un camino menos costoso, en principio, para poner fin al conflicto del agua y en vez de la resolución opte por la nulidad del contrato. El gobierno llevará la nulidad del contrato al pleno municipal.

El informe de Intervención Municipal fue determinante para que el gobierno local, optase por la vía de la nulidad. La discrepancia revelada se mantiene y el gobierno local considera que la UTE la conocía y utilizó la tarifa que le convenía en el recurso ante el Tribunal de Contratos.