Los propietarios de parcelas en el complejo residencial fallido de Golf Domaio que están tratando de constituir una Agrupación de Interés Económico ante la parálisis forzosa de la junta de compensación, se reunirán en las próximas semanas con inversores interesados en la compra de al menos una parte de estos terrenos en anexos al único campo de golf de la comarca. Calculan que hasta un 70% de los parcelistas estarían interesados en vender sus propiedades a un inversor con capacidad para finalizar la dotación de servicios y conseguir los permisos para construir las viviendas. "Muchos de los actuales parcelistas ya son herederos e hicieron su vida por otro lado. Por eso no verían con malos ojos la venta", explican.

Tras mantener una segunda reunión a mediados de octubre, medio centenar de parcelistas vieron con buenos ojos constituir la Agrupación de Interés Económico. Sin embargo, la reticencia de la mayor parte hizo que los promotores optasen por buscar primero un inversor con capacidad para comprar parcelas y colaborar en el desarrollo del complejo residencial, antes de constituir esta nueva entidad. Si logran un acuerdo firme con inversores volverán a reunir a todos los parcelistas para explicar la nueva situación.

La salida se busca después de que una sentencia judicial obligase a la junta de compensación a pagar 3,1 millones de euros a los herederos de la antigua constructora Mirón y Agarvi, por los trabajos realizados antes de que esta empresa abandonase el proyecto.

Los parcelistas se negaron a afrontar una cuantía de tal calibre, después de pagar distintas derramas durante la última década para intentar acabar el complejo que tendría 462 viviendas. Esta situación bloqueó la junta de compensación y obligó a un grupo de parcelistas a buscar nuevos caminos.

De hecho, en los últimos meses los herederos de Mirón y Agarvi realizaron varias ofertas a la baja a la junta de compensación para tratar de llegar a un acuerdo de pago, conscientes de que esta entidad no cuenta con el dinero suficiente para abonar la cuantía que se le reclama por vía judicial. Sin embargo, estas propuestas tampoco son aceptadas por los parcelistas. Los dueños dicen que no están dispuestos a afrontar más derramas, y menos a la empresa que hace casi 20 años dejó los trabajos en la situación actual, con solo una parte de las casas levantadas y muchas de ellas abandonadas a medio ejecutar. La reclamación de los herederos de esta constructora ascendía a 2,2 millones de euros. Los intereses de demora de ocho años de vía judicial y las costas del proceso es lo que acabó por elevar la cantidad a 3,1 millones.

Según la propuesta rechazada en julio, los parcelistas tendrían que hacer frente a derramas de 8.838 euros por cada parcela de la Zona A (171 viviendas unifamiliares) y 4.419 euros por cada parcela de la Zona B (191 viviendas adosadas), además de 441.953 euros por la Zona del Hotel y 351.000 y 2.300 por las Zonas P de los bloques de apartamentos. Un fondo buitre es dueño de la zona de apartamentos y 16 parcelas de viviendas mientras que la empresa Obexcar, vinculada a la familia Oubiña, es dueña de otra parte.