El edil de Urbanismo de Cangas, Mariano Abalo, volvió a enzarzarse en una batalla dialéctica con el portavoz del PP y exalcalde, José Enrique Sotelo, alrededor de la decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio contra la antigua cúpula de Caixanova por un presunto delito de administración deselal y apropiación indebida. Abalo asegura que el grupo municipal de ACE "ten bastante adiantada unha posición legal sobre este asunto" y señala que buscará consenso con sus socios del tripartito para presentar acciones legales contra el propio Sotelo "polas responsabilidades do goberno local do PP" en dicha obra fallida. Asegura que antes de llevar el asunto al pleno propondrá a sus socios acciones legales.
El propios Sotelo cargó este viernes contra Abalo acusándolo de usar la sentencia de Massó "para tapar a súa mala xestión" y alegando que los gobiernos que presidió solo firmaron un convenio con una empresa de Cangas que quedó sin efecto al no llegar a aprobarse el PXOM. Sotelo también alegó que Abalo no podía dar lecciones "nun asunto como o de Massó, no que está enfangado".
Ante estas acusaciones, Abalo replicó ayer que Sotelo "era perfectamente consciente no arranque da operación de que existían entre as opcións de compra a de Atlántica de Construcciones y Promociones", asegurando que "sabía todo o que conlevaba dita obra". Concluye amenazando con que el asunto de Massó y el contrato del ciclo del agua "vai sacarlle a careta a Sotelo e o PP terá que ir pensando noutro candidato".
Foro Social
Sobre la decisión de la Audiencia Nacional salió a la palestra también el Foro Social de Cangas, asegurando que en el auto se explica cómo la operación urbanística de O Salgueirón "tiña un marcado carácter especulativo", desde la compra de terrenos "a un prezo desorbitado" hasta los "manexos co pretexto de construír un complexo residencial e náutico nun solo industrial".
Indican que el argumentario judicial recoge las "irregularidades e ilegalidades do proxecto", como la concesión de la licencia para la construcción del puerto deportivo por parte de la Autoridad Portuaria.
Para el Foro Social todo formó parte de una "trama criminal" y el presunto quebranto de 43 millones a la antigua Caixanova "é só a rama empresarial desta trama". Piden que se depuren responsabilidades y que el actual gobierno local tripartito pare un proceso especulativo que, a su juicio, sigue en marcha.
