El titular del Juzgado Número 2 de Cangas, David Pérez Laya, en un auto de principios de este mes, rechazó la petición de la defensa de Juan Paulo Giménez, detenido junto a sus hermanos Sinaí Giménez, Marino y Saúl en la denominada Operación Vida, para que retirara las medidas cautelares que pesan sobre ellos. Además de haber pagado un fianza de 100.000 euros para poder salir de la cárcel, a Juan Paulo Giménez y a sus hermanos la Audiencia Provincial de Pontevedra les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte con la prohibición de salir del país, obligación de comparecer ante el cuartel de la Guardia Civi más próximo a su domicilio, la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de los mercadillos de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo. Sinaí Giménez y sus hermanos están acusados, en la Operación Vida que llevó a su detención y encarcelamiento, de extorsión en mercadillos, pertenecer a banda organizada, blanqueo de capitales, amenazas y tráfico de drogas, entre otros delitos.

En juez considera que deben permanecer las medidas cautelares, ya que "existen indicios de que en los referidos lugares se han cometido los delitos aquí investigados, como se desprende de la instrucción de la presente causa y, en especial, de las numerosas declaraciones de los testigos. Y aunque las medidas cautelares adoptadas y las limitaciones ambulatorias adoptadas hay supuesto una limitación para parte de los investigados, no solo en cuanto a su posibilidad de movimiento, sino también en cuanto a la posibilidad de movimiento, sino también en cuanto a la posibilidad de ejercer su profesión considero que es necesario mantener dichas medidas por las razones expuestas en el auto de fecha del 11 de enero de 2018, ya que existe una situación objetivo de riesgo por lo que indiciariamente ha sucedido en el pasado en las localidades de Moaña, Redondela, Sabaris, Pontevedra, Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo. Nos adherimos y compartimos los argumentos mantenidos por la Audiencia Provincial de Pontevedra en su resolución del 11 de enero de 2018 y las manifestaciones hechas en el recurso interpuesto no acreditan nada, más allá de que ha habido una adjudicación de puestos en favor de Samuel Giménez Jiménez, sin que se acredite la inexistencia de conflictos y compartiendo también los argumentos mantenidos por el Ministerio Fiscal".

La resolución del juez de Cangas no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma. Es de suponer que los demás hermanos presenten también, sino no lo hicieron ya, la petición de retirada de las medidas cautelares.

Por otra parte, señalar que hoy se cumplen tres años de la reyerta que tuvo lugar en el mercadillo de Cangas entre miembros de los clanes gitanos de los Morones y los Zamoranos. El juicio está pendiente de que la Audiencia de Pontevedra ponga fecha. Ya está realizado el informe del fiscal con las peticiones correspondientes a los 12 acusados en la causa. En noviembre de 2017, el juez instructor David Pérez Laya decretó la apertura de juicio y ese mismo mes el fiscal presentó escrito de acusación. Fuentes del caso aseguran que los continuos cambios de letrados y procuradores por parte de los Morones retrasan la fecha del juicio, que ya es difícil que se celebre este año.