Portos de Galicia manifestó ayer la "firme voluntad política" que tiene el ente dependiente de la Xunta para ejecutar las obras del anhelado dragado del Lérez, aunque eso sí, insisten en condicionar el inicio de los trabajos a que se alcance el consenso entre los distintos colectivos del sector para ejecutar la obra. Un acuerdo que ahora mismo parece lejos de conseguirse debido a la oposición de ciertos sectores productivos, como los "bateeiros" o los colectivos de "navalleiros" a que el punto de vertido de los lodos retirados se realice en una zona próxima a Tambo y la insistencia de las cofradías del fondo de la ría para que el proyecto se realice cuanto antes. Así las cosas, parece que Portos de Galicia no descarta ni una ni otra opción pero sí pide consenso para ejecutarla. En cualquier caso, sí advierte de que cambiar el punto de vertido supondría un gran parón en la tramitación del proyecto y un importante incremento en el presupuesto de en torno a un millón de euros.
Así lo ratificó ayer el presidente de Portos, José Juan Durán, durante una comparecencia en la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento, en donde ratificó que se trata de una inversión importante para devolver el calado al canal de acceso al puerto de Pontevedra, así como para regenerar diversos bancos marisqueros.
La historia "interminable"
Durán reiteró esta voluntad política de Portos con el dragado ante las críticas expresadas por el diputado del BNG Luís Bará, quien califica esta actuación como "la historia interminable". Bará recordó que el proyecto comenzó a tramitarse en los primeros meses de 2011, y que se paralizó en 2014. Para el diputado nacionalista pontevedrés, el proyecto se retomó en 2015 debido a la "gran presión social y política" y que Portos ya incumplió un primer compromiso de licitar la obra en 2016. "Nada se hizo a pesar de un segundo compromiso para licitar el proyecto en el año 2018", recalcó Bará.
Bará recordó que existe un apoyo mayoritario de la Corporación Municipal de Pontevedra y los sectores productivos para realizar este dragado, excepto por las dudas sobre el lugar de depósito de los materiales extraídos del Lérez. El parlamentario ya advirtió que el consenso "no va a ser posible" pero que sí un "acuerdo mayoritario" para el que exige "valentía y determinación" para llevar a cabo las obras. De existir "discrepancias", exige a Portos que busque una solución como ya se ha hecho en otras ocasiones. Bará insistió en que "Portos de Galicia tiene una deuda con Pontevedra" por lo que pidió iniciar las acciones inmediatas, "buscando un depósito para los materiales fuera de la ría" y así que la ciudad pueda tener "un río vivo, más productivo y navegable", así como la regeneración de los bancos marisqueros.
Por su parte, el presidente de Portos insistió en que el ente público tiene, desde el último trimestre de 2017, redactado y sometido a información pública, el estudio de impacto ambiental necesario para realizar posteriormente la tramitación ambiental de la obra en los organismos competentes, dependientes de otras administraciones, autonómicas y estatales. Insistió en que Portos tenía previsto licitar la obra en 2018 conforme al cronograma técnico que se presentó en su día en público. Recordó y subrayó que este cronograma se vio "incumplido" por la falta de consenso del sector, algo que se puso de manifiesto en el periodo de presentación de alegaciones, "en el que se recibieron un total de 16, entre ellas las de los colectivos solicitantes del proyecto, las cofradías de la ría", indican fuentes de Portos.
A este respecto, el presidente de Portos insiste en que el punto de vertido elegido (y que es el que genera esta falta de acuerdo) cuenta "con todos los avales de los estudios técnicos que ratifican que no habrá afectación para la actividad marisquera en la ría". El presidente de Portos recordó que un cambio en este punto supondría la vuelta atrás del proyecto, debiéndose de "repetir los estudios ambientales con la consiguiente dilatación de los plazos", que fijó "en un mínimo de varios meses".
Un millón más
Finalmente, Durán rechaza las críticas que aluden a razones presupuestarias como base de la paralización del proyecto, aclarando que, si bien un cambio de vertido podría suponer un incremento del presupuesto del dragado en aproximadamente un millón de euros, con "las complicaciones intrínsecas de cualquier ampliación orzamentaria"; el dragado del Lérez estaba previsto en los presupuestos de 2018 y la Xunta mantiene la capacidad presupuestaria para tramitar la obra "en el momento en el que cuente con el consenso necesario".
