El pleno del Concello de Bueu acordó ayer requerir a la empresa Obras y Servicios Gómez Crespo que aporte la documentación para poder firmar el contrato de adjudicación de la piscina municipal de As Lagoas. El acuerdo se adoptó por unanimidad y con los únicos votos del grupo de gobierno. La sesión plenaria, que tenía carácter extraordinario, se celebró a las 9.00 horas y ni PSOE ni ACB-SON acudieron. Quienes sí asistieron fueron los tres concejales del PP, que volvieron a escenificar su malestar con la "actitud autoritaria" del gobierno local y en el momento de la votación abandonaron momentáneamente el pleno. Una muestra de malestar que se repite desde el mes de junio y que según el portavoz del PP, Manuel Santos Pires, continuará hasta el final del presente mandato municipal.

El pleno de ayer se convocó después de que la mesa de contratación del Concello valorase las doce plicas que optaban al contrato de la piscina de As Lagoas, valorado en casi 2,8 millones de euros. La mejor oferta fue la presentada por Obras y Servicios Gómez Crespo, que comprometió una rebaja de más de 500.000 euros sobre el tipo de licitación. El procedimiento de contratación obliga a hacer un requerimiento previo a la empresa, que en este caso y debido a la cuantía del contrato debe ser aprobado por el pleno. El gobierno local optó por convocar una sesión plenaria extraordinaria para agilizar los trámites y que la adjudicación definitiva se pueda realizar en la sesión de septiembre. Durante el debate la única intervención fue la del propio PP, que preguntó si el hecho de que una de las empresas aspirantes estuviese en fase preconcursal podría derivar en algún tipo de reclamación por parte del resto de aspirantes. El alcalde, Félix Juncal, respondió que los servicios técnicos dictaminaron que esa plica no podía ser excluida, pero en principio se descarta la posibilidad de recursos toda vez que su oferta no formaba parte siquiera de las cinco mejores.

El orden del día del pleno incluía dos asuntos a mayores: la aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) por incumplir la regla de gasto, que según el edil de Facenda, José García Cuervo, no incluía ninguna medida adicional, y la declaración de indisponibilidad de apenas 1.000 euros en los actuales presupuestos prorrogados En todos los puntos los tres concejales del PP -Manuel Santos, Pilar Otero y Ramón Valero- se levantaron de sus asientos y salieron del salón de plenos para no entrar en votación.

Al final de la sesión Santos Pires insistía en que esta actitud se mantendría hasta el final del mandato y reprochaba al gobierno local su "actitud autoritaria" y las trabas para el acceso u obtención de informes de Intervención o Secretaría. "Por ejemplo, pedimos un informe acerca de las posibles consecuencias sobre los efectos en las votaciones de nuestras ausencias y no se nos ha contestado aún", explica el portavoz municipal. También se refirió a la propuesta presentada por los tres grupos de la oposición al principio del mandato para la aprobación de un nuevo reglamento de participación vecinal y que "sigue en un cajón".