"Es todo ilegal desde el primer momento, un montaje con el que quieren sacar petróleo de donde no lo hay". Es el resumen que Sinaí Giménez, el más mediático de los miembros de la familia gitana de los Morones, hizo de su declaración ante el juez nada más terminar la comparecencia celebrada ayer por la mañana en Cangas. Fue "a petición propia", como investigado por estafa documental derivada de los papeles intervenidos en la llamada Operación Vida por la supuesta trama de extorsión a comerciantes de los mercadillos ambulantes, y negó ante el juez instructor, David Pérez Laya, y el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que hubiera irregularidades en la constitución de las cooperativas o que se coaccionara a nadie. Por contra, apuntó a la Guardia Civil y a los gitanos zamoranos como responsables de su situación procesal. También comparecieron ayer su padre, Olegario, y uno de sus hermanos, Marino, aunque ambos se negaron a responder a las preguntas.

"La comparecencia ha transcurrido bien para nuestros intereses procesales", señaló el abogado de Sinaí Giménez, el reconocido catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés Bechiarelli, que incidió en aspectos relacionados con la entrada y registro que "padecieron" en sus domicilios los miembros de la familia Giménez Jiménez cuando se inició la investigación y en otros más "concretos" sobre la constitución de las cooperativas para el mercadeo ambulante. La gestión administrativa, fiscal, laboral y contable de estas "perteneció siempre y en todo momento a la gestoría" cuyo responsable está citado a declarar hoy en Cangas.

El fiscal preguntó a Sinaí sobre la falsedad de unas firmas que rubrican algunos de esos documentos y el investigado respondió que "no tiene nada que ver", según trasladó su letrado. "Creo que estamos ante un intento de hacer una causa general contra mi cliente y su familia", protestó Cortés Bechiarelli, para quien "la dispersión de la investigación es absoluta y la falta de concreción es manifiesta" por parte de la Fiscalía.

Sinaí Giménez también relató ante el juez y el Ministerio Fiscal otros "excesos" de los que dice haber sido víctima, como el registro que se realizó en los domicilios "sin estar presente la secretaria judicial" o el despliegue "de los Tedax y perros adiestrados para la detección de drogas y explosivos", cuando el mandato judicial perseguía "encontrar documentación con supuestas irregularidades o delitos relacionados con las cooperativas". También arremetió contra los gitanos zamoranos, a los que implica en esta "farsa" para beneficio propio.