Desde hace diez años las personas que compraron parcelas en la macro urbanización de Golf Domaio, en Moaña, que en un principio estaba vinculada al campo de golf con un proyecto de 462 viviendas, están afrontando derramas para intentar acabar el proyecto que inició la empresa moañesa Construcciones Mirón y Agarvi en la década de los 90 y al que renunció en una asamblea de la junta de compensación, en 2007, debido a sus problemas económicos. Pero ayer, un centenar de parcelistas reunidos en asamblea, en un céntrico hotel de Vigo, dijeron masivamente no a la nueva derrama que se planteó desde la directiva de la junta de compensación para afrontar el pago, por sentencia judicial, de 3,1 millones de euros, paradógicamente a esta antigua constructora que les dejó con la urbanización a medio hacer. Solo una persona votó a favor de la derrama y el representante de la división inmobiliaria Anida del BBVA, que tiene parcelas por ejecución de embargo a Mirón y Agarvi, se abstuvo.
Esos 3,1 millones de euros se corresponden a la cantidad que Mirón y Agarvi reclamó en 2010 a la junta de compensación por la obra ya ejecutada cuando renunció a seguir la urbanización en diciembre de 2007. Eran 2,2 millones de reclamación a los que hay que sumar los intereses de estos ocho años y las costas del proceso judicial.
Los parcelistas no caben en su asombro de que casi veinte años después de que compraran una parcela a Mirón y Agarvi, dirigida por el empresario de Moaña, Agustín García Villar (ya fallecido), y que tenía como representante a su hermana Dolores García Villar, con una escritura en la que éste estaba obligado a poner a disposición en 6 meses la urbanización con las casas, tengan hora que pagar a la empresa que llevan sus herederos como grupo familiar. No salen de su asombro y enfado cuando ni la urbanización está concluida ni las casas construidas -muchas están abandonadas a medio ejecutar-. Solo hay diez chalés construidos en medio de una veintena de esqueletos de viviendas y parcelas comidas por la vegetación.
Según la propuesta presentada ayer, los parcelistas tendrían que hacer frente a derramas de 8.838 euros por cada parcela de la Zona A (171 viviendas unifamiliares) y 4.419 euros por cada parcela de la Zona B (191 viviendas adosadas), además de 441.953 euros por la Zona del Hotel y 351.000 y 2.300 por las Zonas P de los bloques de apartamentos. El BBVA es dueña de la zona de apartamentos y 16 parcelas de viviendas mientras que la empresa Obexcar, vinculada a la familia Oubiña, es dueña de otra parte con la que Agustín García Villar le había pagado por los trabajos de construcción de la urbanización.
Una buena mayoría de los parcelistas son vecinos de Vigo, algunos de los cuales llegaron a comprar varias parcelas por las que ya han pagado derramas para poder seguir la urbanización una vez que se rescindió el contrato con Mirón y Agarvi, de 24.100 euros por cada una en el caso de solares en la Zona A; y de 12.100 euros, en el caso de parcelas en la Zona B.
"No vamos a pagar más derramas" dijeron ayer en la asamblea. Con este acuerdo, la junta de compensación de Golf Domaio queda en situación de bloqueo. Lo que se intentará será buscar un acuerdo económico con Mirón y Agarvi, concretando cantidad y condiciones para volver a convocar nuevamente una asamblea con otras derramas.
Cuando todo parecía que iba viento en popa para los parcelistas tras rescindir el contrato al empresario y tomar las riendas de la urbanización para concluirla, la demanda de Mirón y Agarvi para reclamar el pago de la obra ejecutada, abrió un proceso judicial que les ha conducido a esta situación. La demanda la ganó primero la junta de compensación en el Juzgado de 1ª Instancia número 10 de Vigo el 4 de abril de 2013; pero Mirón y Agarvi reclamó ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que de forma sorpresiva, en abril de 2015, falló a favor del empresario. La sección sexta de la Audiencia condenó a la junta de compensación a abonar a Construcciones Mirón y Agarvi la cantidad de 780.828 euros; a la empresa del grupo familiar Dores Mar S.L. la suma de 1.312.258 euros y a Dolores Aurelia García Villar otros 1.022.392 euros.
La Junta de compensación recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que no apreció interés casacional en el recurso, como tampoco el Constitucional que ha confirmado ahora la sentencia condenatoria.
