Las instalaciones que Motorcangas tiene en la villa permanecen cerradas desde el viernes, día en el que propietario de este concesionario, de vehículos, detenido el pasado 27 de abril acusado de un fraude de 640.000 euros y con más de un centenar de personas afectadas, entregó la carta de despido a los trabajadores, que quedan en una situación precaria. Según el acta que levantan los administradores ABAC, llamados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas, para la posible intervención de la empresa, había siete trajabadores en activo, uno de ellos de baja laboral, a los que se les debe parte de los sueldos de los meses de marzo, abril, mayo y junio, así como unos atrasos del convenio laboral del pasado año. Los trabajadores tienen pensando reunirse con el sindicato que los representa para ver qué medidas legales emprender para cobrar las deudas que Motorcangas tiene con ellos.
También se señala en la visita que los administradores cursan a la mercantil en compañía de la Policía Judicial que "no existe actividad en la empresa ni visos que de exista en un futuro; el propio administrador de la concesionaria afirma que se adeudan siete meses de cuotas de la Seguridad Social, aproximadamente 50.000 euros". La deuda con los proveedores, según el acta de aceptación cargo del perito, se eleva a 100.000 euros y también se adeudan distintas liquidaciones tributarias, tanto del ejercicio 2018 como del año anterior; asimismo se deben cuatro o cinco cuotas del crédito hipotecario suscrito con la entidad financiera para comprar las instalaciones del taller que es de su titularidad. "La empresa presenta una situación de sobreseimiento total de pagos, incurriendo en causa de solicitud de concurso de acreedores, que debería instar el propio administrador de la empresa o quien le sustituyera.
ABAC mantiene que no procede la toma de posesión como administraciones judiciales ya que resultaría contraproducente, "pues no sólo habría nada que administrar , sino que incluso se entorpecería la rescisión de los contratos por la vía que fuere, pudiendo verse perjudicados los trabajadores. Por otra parte, y en la situación que presenta la mercantil, la primera decisión que la posible administración judicial debería tomar sería la de solicitar el concurso de acreedores de Motorcangas".
El acta que se menciona tiene fecha de 27 de junio de 2018, es decir, un día antes de que tuviera lugar el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores.
Hay que recordar que a finales del mes de mayo, la titular del juzgado Nº1 de Primera Instancia e Instrucción, Sonia Platas, acordó que se procediera a la investigación patrimonial y al bloqueo de las cuentas corrientes de la empresa. La mercantil no podría disponer de dinero en efectivo que no sea el de la actividad ordinaria de la empresa, en tanto no se hiciera oficial el nombramiento de un administrador judicial.
