Nuevo expediente de restitución de la legalidad urbanística en Moaña y con apercibimiento de multas coercitivas por importe de entre 1.000 a 10.000 euros. Al del vecino del ramal del camino de Lourido, en Meira, se une ahora el expediente a otro vecino, en A Guía, que recibió una notificación por un expediente de restitución de la legalidad en relación con la colocación de una hilera de 10 bloques de hormigón de 12 centímetros de alto por 30 de largo, en su finca y por detrás de su portal, para evitar inundaciones por la entrada de aguas pluviales procedentes de dos caminos públicos.

Aurelio Freire asegura que en ningún momento colocó los bloques por estar en contra de otros vecinos, que fue cartero durante más de veinte años y que tiene buena relación con el vecindario, pero dice que se vio obligado a esta medida porque en la entrada a su finca hay dos caminos públicos por donde corre el agua de la lluvia y le inundaba su terreno, en donde asegura que no podía cultivar nada y que incluso pone en peligro a sus gallinas.

Reconoce que el problema lo arrastra desde hace años, cuando era concejal el socialista Víctor Pastoriza, que le trasladó que no había dinero y que en esta legislatura lo trató con la actual concejala de Obras, Marta Freire, quien le dijo que iba a enviar a alguien, "pero nada". Dice que lo que hizo el Concello fue asfaltar pero con el agravante de que taparon las arquetas y que pidió en varias ocasiones que las descubrieran por los problemas que va a generar. Asegura que a causa de los lodos que se formaban en su finca, él, que afrontó una grave operación, se cayó y que harto de que no le dieran solución, levantó esta hilera de bloques, "pero por dentro de mi portal, en mi finca, no en el camino". Lo que le molesta es que desde el Concello, en lugar de acudir a arreglar el problema, le manden una carta amenazando con multa. El expediente del Concello lo recibió hace cinco días y se le advierte que de no atender la retirada de los bloques, se adoptarán las medidas cautelares para facilitar la interrupción de la actividad, como el precintado, la retirada de materiales o la ejecución forzosa mediante la imposición de estas multas coercitivas. Aurelio Freire asegura que no entiende que el gobierno no hubiera acudido a hablar con él, insiste en que él no quiere hacer daño, pero pide que no se le amenace porque paga sus impuestos. Sospecha que le hacen esto "por no pertenecer a un partido nacionalista" y que tiene derecho a que se arregle "la chapuza en el camino" y se abran las arquetas.