La reforma de la Ley de Costas de 1988, aprobada por el PP en 2013, fue muy vitoreada entonces porque alegaban que decían que daba seguridad jurídica a los titulares de las concesiones de Costas en dominio público terrestre, que en julio de 2018 caducaban y les permitía pedir una prórroga. De lo contrario, tenían que abandonar sus construcciones y podían ser presas de la piqueta. Dentro de esas concesiones había afectadas tanto viviendas como empresas. La reforma de la Ley de Costas permitió prorrogar las concesiones por un plazo hasta un máximo de 75 años, incluso excluyó del dominio público, y de forma adicional, doce lugares en España, entre los que se encuentra Moaña, con dos bolsas del casco urbano en Seara y A Xunqueira, en una operación aprobada en el Senado que fue calificada como un "indulto" político.

Cuando solo faltan tres meses para que acabe el plazo de julio de 2018 para solicitar las prórrogas y cuando deberían de estar aflorando los grandes éxitos de la ley entre los particulares afectados, la información que sale del Ministerio de Medio Ambiente es nula o a cuentagotas.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar solo confirma que en Galicia hay 26 concesiones en dominio público marítimo-terrestre que se hubieran extinguido en 2018 por vencimiento de plazo. Admite que la reforma de la normativa de Costas introdujo, como una de las novedades, esa prórroga por un máximo de 75 años, aunque aclara no se trata de una prórroga automática, sino previa la tramitación del correspondiente expediente.

En el caso de la provincia de Pontevedra y hasta la fecha, la dirección general confirma que se han solicitado 7 prórrogas, de las cuales 4 ya están otorgadas, aunque no apunta cuales. Tan solo confirma que dos de las solicitudes presentadas están en el municipio de Pontevedra y que no hay ninguna en los concellos de Cangas, Moaña y Bueu, en O Morrazo; ni en Vigo.

Lo cierto es que la única prórroga confirmada hasta el momento en Pontevedra es la de la fábrica de papel de Ence, en una decisión que fue muy cuestionada ya que se otorgó de forma sorpresiva en enero de 2016, cinco meses después de las elecciones generales y cuando había una corriente muy fuerte para que se cumpliera la caducidad y la planta se trasladara de su ubicación actual junto a la ría. En Pontevedra también está solicita la prórroga de la electroquímica Elnosa, aunque nada se sabe de su resolución debido, parece ser, a un expediente de caducidad que abrió el ministerio. En el caso de Cangas, extraña que no aparezca ninguna solicitud de prórroga en las naves de Ojea, en donde siguen dos conserveras, que tienen actividad de almacén y comercial. Las solicitudes hay que presentarlas antes de los seis meses previstos a la extinción del plazo para el que fue concedida.También extraña que no aparezca ninguna prórroga en Moaña, aunque en este municipio la mayoría de los problemas se resolvieron por la vía de ese "indulto" con la exclusión del dominio público, si bien todavía no esté el proceso concluido con la calificación del suelo en el PXOM.