El gobierno local de Bueu presentará al pleno del próximo lunes para su aprobación la cuenta general de 2016, que arroja como datos más llamativos un superávit de algo más de 557.000 euros, pero en cambio un remanente negativo de 315.549, lo que en la práctica supone la ausencia de liquidez al cierre del ejercicio pasado. Asimismo, desde el departamento de Intervención se advierte de que el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores obliga a la adopción de determinadas medidas de corrección que por el momento no se están tomando.

El informe de Intervención recoge el incremento de los ingresos con respecto al año anterior. La previsión definitiva se situó en poco menos de 8 millones de euros, de los cuales se reconocieron derechos por valor de 7,2 millones, es decir, hubo un grado de ejecución del 91 por ciento, superior en 4,5 puntos con respecto al año anterior. La subida se justifica en la mayor recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (464.000 más que en 2015) y en el diferente modo de computar los derechos derivados por actuaciones financiadas por otras administraciones. Por contra, hay un descenso de 213.000 euros debido a la menor ejecución de proyectos de inversión subvencionados por otras administraciones.

Inicialmente el capítulo de ingresos estaba estimado en 6,7 millones de euros, pero se incrementó en 1,1 millones más a través de un total de 29 modificaciones de crédito, cifra que aún siendo elevada supone una cantidad menor que la que hubo en 2015, cuando se añadieron 1,7 millones de euros a la previsión inicial de ingresos.

En cuanto a los gastos las obligaciones reconocidas ascendieron a los 6,6 millones de euros, con un grado de cumplimiento del 82,84 por ciento. El motivo principal de las desviaciones fueron las inversiones, al incluirse proyectos en suspenso que al no ejecutarse físicamente tampoco tienen ejecución presupuestaria. El informe de los técnicos municipales apunta que los ahorros realizados en personal y carga financiera se destinaron a mayores gastos corrientes y transferencias corrientes.

El grado de ejecución de pagos fue elevado, de un 94,5 por ciento, aunque menor que en 2015 cuando se llegó a la cifra récord del 97,9 por ciento. A pesar de ello, desde Intervención se apunta que el periodo medio de pago a proveedores en el último trimestre de 2016 se situó en los 42,63 días, "por encima de los plazos que marca la normativa sobre morosidad para el pago en las administraciones públicas". Eso sí, reconoce que la mejoría con respecto al ejercicio anterior es más que notable, ya que se reduce casi a la mitad los 84,46 días de espera que hubo en los últimos tres meses de 2015.

Los técnicos advierten que se está incumpliendo el principio de sostenibilidad financiera y que ante ello debe articular medidas como fijar los recursos que mensualmente destinará al pago a proveedores para reducirlo, algo que, aseguran, no consta que se haya hecho. Desde el gobierno local se apuntó en su momento que se trata de un momento del año excepcional por la acumulación de facturas, situación que se normalizó en los primeros meses de 2017 al darle salida a un buen número de pagos del anterior ejercicio.