El PSOE elaboró un informe sobre los efectos que supondrían la resolución del contrato que el Concello tiene con la UTE Gestión Cangas para la gestión del ciclo integral del agua. Son datos que figuran en el pliego de condiciones y que el concejal socialista Alfredo Iglesias saca a la luz. Recuerda que si se pretende resolver el contrato por razones de interés público, la administración abonará al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por este hayan de pasar a propiedad de aquella, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión. También se señala que la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización.

Esto supone, según el edil socialista Alfredo Iglesias, el abono del precio de las obras e instalaciones que ejecutadas por el concesionario fuesen parar al Concello, la indemnización al contratista de los daños y perjuicios incluídos los beneficios futuros que deje de percibir, teniendo que proceder a la devolución de la parte proporcional del canon depositado al inicio de la concesión.

En atención a estos supuestos, el Concello debería devolver la parte proporcional del canon adelantado, unos 774.000 euros, compensación de los beneficios futuros, la cuantía total del mismo alcanzaría los 3.145.000 euros, los daños y perjuicios cuantificables con la resolución que la concesionaria podría reclamar, que podría rondar los 3 millones de euros, más el abono de las obras realizadas, aproximadamente 150.000 euros. "A estes conceptos cabería sumarlle a previsión de importes anteriormente mencionados pola aplicación ilegal das tarifas 2014, nos anos 2015 e 2016 por un importe reclamado de 1.056.919 euros, ó tempo que deberían incluirse os importes correspondentes á minoración de ingresos coas tarifas aprobadas para 2017 á que fai mención o informe conxunto de intervención e a secretaria municipal, que sirve de acompañamento a ordenanza e que cifra este importe nunha coantía anual de 96.706,41 euros para o ano o2017, ainda que no propio informe deixa a entender que dito importe sería máis alto".

Alfredo Iglesias concluye a que la vista de los antecedentes analizados y de los hechos contrastados. , "non se aprecia incumprimentos contractuales de obrigas esenciais por parte concesionaria que puidesen permitir instar a resolución do contrato por tal motivo, antes o contrario, os actos levados a cabo pola administración poden considerarse constitutivos dunha modificación das circunstancias contractuales que poñen en perigo o mantenemento da explotación do servicio". También recuerda que el Concello mantuvo en suspenso durante un año el cobro de la retribución, paralizándose padrones de cobro. "Mentres que pola súa banda, a concesionaria aínda sen contar co regular ingreso da retribución pactada mantívose no cumprimento das súas obrigas".