El gobierno inicia el expediente para rescindir el contrato del ciclo del agua por "incumplimiento"

No por esperada la propuesta deja de sorprender. El hecho de que se anuncie en junta de portavoces que la resolución del contrato va a formar parte del orden del día del próximo pleno al día siguiente de que el Concello anunciara la inversión que la concesionaria iba a realizar en Hermelo y que todo ello coincida también en el tiempo con la inauguración de las oficinas de la nueva UTE a la que asistió el alcalde y varios miembros del gobierno se antoja cuanto menos surrealista.

La propuesta señala que hace un año el Concello exigió a la concesionaria la justificación del determinados extremos relativos al funcionamiento del servicio y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del contrato firmado. Se hace hincapié que la respuesta ofrecida por la adjudicataria no solo no sirvió para despejar a las dudas sobre el cumplimiento de las obligas contractuales asumidas por la empresa en el momento de la firma del contrato, sino que puso en evidencia el incumplimiento de varias de esas obligaciones que, por su transcendencia y posible calificación como esencias, motivaron que se requiriese a la emisión de informes técnicos para poder valor el grado de cumplimiento del contrato suscrito.

El gobierno tripartito de Cangas acusa a la UTE Gestión Cangas de seis graves incumplimientos contractuales: del plan de inversiones en las redes de abastecimiento y saneamiento asumido por la concesionaria, incumplimiento de la obligación de elaborar un estudio de impacto ambiental, falta de presentación de las certificaciones de cumplimento de las Normas UNE EN-ISO 9000 del sistema de gestión de calidad y UNE-EN-ISO 14.000 respecto a la gestión ambiental, incumplimiento de la obligación de la reparación o reposición de los componentes de tratamiento terciario y su puesta en marcha de la Estación Depuradora de Residuales (EDAR) en el plazo de un año, incumplimiento de la obligación del mantenimiento adecuado y conservación de las instalaciones de la depuradora de Donón e incumplimiento del contrato, por falta de presentación del plan director definitivo, de un plan de fugas.

Por lo que se refiere al primer incumplimiento, el de inversiones en las redes de abastecimiento y saneamiento, que fue siempre el argumento más socorrido por el propio Mariano Abalo para impulsar la resolución del contrato, la propuesta señala que "sendo requerida a concesionaria para que acreditase o cumplimento do plan de investimentos descrito no anteproxecto de explotación e prego de prescripcións técnicas, a contratista asume coa súa responsa o incumprimento dos mesmos, tratando de xustificalo con dous argumentos: que non se proceder pola administración a aprobar o proxectos de execución de obra, e que o desenvolvemento dos investimentos viuse dificultado pola actuación do Concello en relación coa aprobación de padróns en tarifas. O anterior é motivo suficiente para dar inicio ao presente expediente resolutorio do contrato citado". Abalo aporta un informe del arquitecto y la arquitecta técnica municipal en el que se señala que "non consta a execución ao día de hoxe de ningunha das obras que aparecen no listado que se axunta á petición do informe; visitadas as instalaciones da EDAR, se constata que non está en funcionamento o sistema terciario da mesma e non consta que se executaran as melloras nos bombeos sinaladas no contrato".

Mariano Abalo también tira de informes cuando hace mención a la falta de un plan de fugas. Menciona las denuncias realizadas por la Guardia Civil por vertidos en el bombeo de Vilariño, informes de la Policía Local sobre aguas residuales al mar en las inmediaciones de la lonja del puerto de Cangas, sobre vertidos de aguas sin depurar en la zona de A Congorza o la denuncia de la Guardia Civil por vertido de aguas residuales al mar desde el aliviadero de la EDAR de Balea, ante la alerta dada pro el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cangas. Claro que todos estos y muchos otras denuncias tuvieron su contestación por parte de la UTE concesionaria.