25 de agosto de 2017
25.08.2017

Orden de alejamiento del juzgado de Cangas para tres "morones"

El juez les prohíbe acercarse a menos de 500 metros para evitar que presionen a los testigos del caso

25.08.2017 | 03:44

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, Daniel Prieto, ha dictado un auto en el que prohíbe a los dos hermanos del clan de los Morones Irene y Juan Paulo Giménez y al sobrino de ambos Samuel, que se acerquen a menos de 500 metros de este juzgado durante el tiempo que dure la instrucción del caso que se sigue desde hace más de un año contra esta familia gitana por la presunta extorsión en mercadillos y otros delitos.

El auto es consecuencia de la petición formulada por el letrado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias, que solicitaba que se restringiera el acceso o se establecieran horarios diferentes a los miembros de la familia Giménez después de que entre los días 2 y 9 de agosto sus defendidos, como investigados en la causa, tuvieran que haber soportado la presencia de estos miembros de los Morones en las dependencias judiciales, incluso en la sala de espera del Juzgado, en una situación incómoda. Considera que la presencia de los miembros de la familia Giménez Jiménez "condiciona a los investigados citados y es posible que incluso haya provocado la incomparecencia de algunos de ellos para no tener que coincidir en el Juzgado con los Morones".

El juez concluye, según el informe del Ministerio Fiscal y lo constatado en la causa, que la presencia de los tres "no puede tener otra causa que la de tratar de influir en el sentido de las declaraciones, por lo que se hace necesario asegurar que tales diligencias se practican con tranquilidad y sosiego por parte de quienes vayan a deponer". El juez accede a la petición del letrado pero en los términos del fiscal, sin darle carácter genérico a la restricción de acceso a toda la familia Giménez, ya que sólo consta la presencia de los tres citados.

Juan Paulo Giménez fue puesto en libertad el pasado 27 de julio tras pagar la fianza de 50.000 euros; Samuel Giménez quedó liberado el 14 de abril de 2016 e Irene Giménez es la única que estaba citada a declarar el 2 de agosto a este juzgado, sin que frente a ella se solicitara medida cautelar de tener que presentarse en las dependencias judiciales.

El letrado de los testigos protegidos incide en su escrito que no se entendía la presencia de los miembros de la familia Giménez en el Juzgado, ya que no estaban convocados a ninguna diligencia urgente, y sospecha que simularan alguna comparecencia o diligencia para permanecer allí y en su entorno mientras duraran las declaraciones.

En su informe el Fiscal confirma que no existe causa justificada que obedeciera la presencia en el Juzgado o en las proximidades de estos tres miembros investigados de la familia Giménez, a excepción de Irene que sí estaba citada a declarar. Entiende que obedece a una "maniobra dirigida a influir en las declaraciones que se iban a practicar esos días en sede judicial, las cuales podrían resultar perjudiciales para dichos investigados o para los demás miembros de la familia Giménez Jiménez". Por esta razón, el fiscal informó a favor de la prohibición de que los tres se aproximen a menos de 500 metros de los Juzgados de Cangas, de conformidad con los artículos 544 bis de la Ley de Enjuizamiento Criminal y artículo 57 del Código Penal, que permite imponer medidas cautelares de alejamiento.

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