La descarga de dispositivos telefónicos e informáticos incautados al clan de los Morones, así como los intervenidos en gestorías de las que eran clientes centran hoy las investigaciones del caso en dependencias de la Guardia Civil en Poio. Se trata de una labor compleja y en la que participan peritos de la Administración, entre ellos de la Agencia Tributaria, para intentar determinar responsabilidades en materia fiscal.
Durante la jornada podría resolverse el incidente de recusación contra el juez instructor, David Pérez Laya, presentado por Cándido Conde-Pumpido, abogado de los hermanos Saúl e Irene Giménez Jiménez. Solicita apartarlo del caso por "enemistad íntima" con los Morones, acusación que rechaza el letrado de los testigos protegidos Alfredo Iglesias.
