Los bomberos del consorcio provincial de Pontevedra, entre los que se incluyen los de O Morrazo, están a punto de llegar a la primera semana de huelga sin que se registrase ningún acercamiento con la empresa concesionaria ni con la Administración. Es más, los sindicatos acusan a Matinsa de "incumplir los servicios mínimos" y de "vulnerar el derecho de protesta" de los trabajadores.

Una de las razones que provocan esta huelga es que, según el comité de empresa, la concesionaria se niega a cubrir las bajas de larga duración. En estos momentos en el consorcio hay siete bomberos que se encuentra de baja, de las cuales cinco son de larga duración, esto es, que superan los seis meses. "A pesar de la existencia en las cláusulas del concurso de una bolsa de trabajo Matinsa se niega a incorporar nuevo personal, embolsándose estos salarios con total impunidad", sostiene el presidente del comité de empresa, Ángel Moldes. Añade que el contrato con el consorcio obliga a mantener una bolsa de trabajo con 13 personas formadas y preparadas para cubrir el servicio. "Pero ni la Xunta ni la Diputación son capaces de exigir a la concesionaria que reponga ese personal", lamenta.Esto conlleva que los turnos de trabajo son de solo tres personas, en lugar de ser cuatro o cinco.

La consecuencia de esta situación, según el comité de empresa, es que se detraen bomberos al servicio y se incumplen los pliegos y los servicios mínimos decretados por el propio consorcio. "Ante la negativa de los trabajadores a realizar horas extraordinarias, Matinsa obligó a los bomberos a cubrir las bajas de sus compañeros. Para obligarlos la empresa cita 'necesidades del servicio', como si se tratase de una intervención cubrir a los trabajadores que están de baja laboral", critica Ángel Moldes. Esta situación supone una vulneración "del derecho de protesta y de los turnos de descanso del personal durante la epoca estival", argumenta.

Los sindicatos reprochan a la Diputación y a la Xunta que a pesar de que esta concesión administrativa a Matinsa está valorada en más de 21 millones de euros el consorcio "es incapaz de de salvaguardar la calidad del servicio y el mantenimiento del mismo". Recuerdan que hace unos meses el comité recurrió a la Inspección de Trabajo, que dio la razón a los trabajadores en cerca de 20 reclamaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales: la ausencia de equipos anticorte para las motosierras, la prohibición de trabajar en gavias o zanjas o los retrasos en las reparaciones de los camiones, que motivaron que solo estuviese operativo un vehículo para rescates en altura y que estaba situado en Ribadumia.