Desde el Juzgado de Cangas se han librado oficios a los concellos de Cangas, Porriño y Ponteareas para que informen sobre qué cooperativas o asociaciones tenían concedidas licencias desde el año 2011 para operar en sus mercadillos, sus titulares y si estuvieron al día en las obligaciones derivadas de la concesión o generaron alguna deuda. También quiere saber cuál era la tasa municipal que debía abonarse, periodicidad y forma de recaudación.
La investigación busca aclarar el funcionamiento de las cooperativas para ejercer el control sobre los mercadillos que habrían promovido los Morones. Varios de sus miembros, como los hermanos Juan Paulo e Irene Giménez Jiménez, merodearon ayer por el Juzgado sin estar citados y con la intención de "imponer su presencia y marcar territorio", denuncia Alfredo Iglesias, abogado de los 13 testigos protegidos.
