09 de agosto de 2017
09.08.2017

El juez indaga en las sociedades de compraventa de coches y oro relacionadas con los Morones

El juez Adriano J.Alfonso dirige desde ayer la toma de declaraciones mientras se resuelve el incidente de recusación a Pérez Laya -Dos de los cinco citados optaron por no testificar

09.08.2017 | 02:43
Varios abogados del turno de oficio, a las puertas del edificio de los Juzgados de Cangas. // G.Núñez

Las relaciones de varios investigados con transacciones de vehículos y sociedades de compraventa de oro vinculadas al clan de los Morones protagonizaron las declaraciones de tres de los comparecientes ayer en Cangas ante el magistrado Adriano J. Alfonso, que sustituye a David Pérez Laya mientras se resuelve el incidente de recusación presentado contra él por el abogado Cándido Conde-Pumpido, defensor del encarcelado Saúl Giménez Jiménez y de su hermana Irene. El letrado volvió a pedir la suspensión de la ronda de declaraciones hasta que pase el mes de agosto, pero la respuesta del nuevo juez fue la misma que la de su antecesor y los trámites continúan conforme al orden previsto.

El primero en declarar ayer fue Pablo Javier Meana Prieto, que aparece relacionado con la compraventa de vehículos para personas del entorno de la familia Giménez Jiménez, con especial protagonismo de Marino, que habría dirigido el entramado de apariencia delictiva que se investiga. La acusación habla de "verdaderos embrollos" en las transacciones, con múltiples actores y en los que llegan a figurar coches que se venden con menos kilómetros que los que tenían cuando se compraron, pero en general bien documentados con contratos y transferencias bancarias.

Juan Carlos Vidal García y Enmanuel Mouriño Caglioni declararon como investigados por sus vínculos con la sociedad Inversiones, Metales y Piedras Preciosas, S.L., supuestamente dedicada a la compraventa de oro. Coincidieron en que el promotor de la empresa fue Sinaí Giménez -actualmente en la prisión de Villabona (Asturias)-, al que acabaron por venderle participaciones, aunque con escaso o nulo registro documental. Vidal García incluso dijo desconocer el objeto social de la empresa, su domicilio social o su facturación, ni si cumplía con sus obligaciones tributarias, aunque sí que tenía varios locales. Mouriño Caglioni sí ubicó el domicilio social en la calle Zaragoza, aunque nada sabe de cuentas, facturación, beneficios o deudas. Se alió con Sinaí en un momento en que le iba mal en su empresa y su parte en la sociedad la avaló con la factura de un ordenador. La fiscal le recordó que esa sociedad tiene una deuda contraída con la Seguridad Social de 50.000 euros y a él se le pondrá exigir que abone el 50% de la misma.

Los otros dos investigados llamados a declarar, Daniel Jiménez Jiménez y Alba Hernández Pisa, estos por su participación en la cooperativa Nueva Luz, comparecieron por videoconferencia desde un Juzgado de Valladolid, aunque se acogieron a su derecho a no declarar.

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