Solo tres de las seis personas citadas para ayer en el Juzgado de Cangas para declarar como investigados por sus relaciones con el clan de los Morones compareció ante el juez David Pérez Laya, y de ellas, una se acogió al derecho a no declarar y las otras dos respondieron con evasivas a las preguntas de la fiscal y de los abogados de las partes, que pretenden aclarar cómo funcionaba la supuesta trama de extorsión en los mercadillos ambulantes y otros delitos como extorsión y blanqueo de capitales.

El turno lo abrió Irene Giménez Jiménez, hermana de Sinaí y de Saúl, que siguen en prisión provisional. Llegó acompañada de otro hermano, Juan Paulo, que salió de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) el pasado fin de semana, bajo fianza de 50.000 euros, y presentaba una imagen muy distinta, tras perder más de cien kilos en el último año. Irene, asistida por una abogada de oficio, se negó a prestar declaración. En el exterior del edificio judicial, practicamente sin actividad durante el mes de agosto, sólo se dejó ver Miguel Valverde, que fuentes de la investigación consideran "lugarteniente" de Sinaí, pero que no estaba llamado ayer a declarar, por lo que el servicio de seguridad le impidió acceder al interior.

Luego entró en la sala de vistas Antonio Jiménez Pisa, investigado como socio fundador de Cuatro Gatos Sociedad Cooperativa y también con abogado de oficio. Dijo ser "pastor evangélico", aunque ya no ejerce, y que para firmar la constitución de la empresa quedaron citados en una oficina bancaria, no en una notaría, y que la operación la dirigió "un señor que había allí", que no recuerda cómo se llamaba ni qué cargo tenía. Tampoco cuántos eran en la cooperativa ni si tenían bienes o cuentas bancarias. Reconoció que Sinaí Giménez lo propuso para formar parte de la cooperativa y lo nombraron portavoz, pero no sabe cuál es el domicilio social, sólo que el objetivo era "abrir mercadillos para poder trabajar".

También dijo que montaba su puesto de venta en Moaña, Barro, Bouzas y Coia, que Sinaí era quien distribuía y colocaba a la gente en los puestos y, preguntado sobre la cuota que pagaban, manifestó que eran "50 o 60 euros para el autónomo" y algo más para los gastos de gestoría, hasta un total de 90 euros al mes. Señaló que unas veces cobraba los recibos Saúl Giménez y otras "un tal Miguel", que participaba en las tareas de carga, descarga y recaudación. Reconoció que tenían conflictos en varios ayuntamientos, que se realizaron manifestaciones para presionar movilizando incluso gente que no tenía nada que ver con la cooperativa, que lo dejó hace varios años y ahora está en el paro, no cobra prestación alguna y monta su puesto con un yerno. Que no tiene relación alguna con la familia Giménez Jiménez y que solo sabe lo que está pasando a través de la prensa.

El turno de declaraciones de ayer lo cerró Fernando Jiménez Duval, también socio fundador de la cooperativa Cuatro Gatos, hace "ocho o nueve años". Ahora tiene 24, lo que suscitó algún comentario de si entonces "tendría la edad legal para trabajar". Dijo que la idea surgió de varias personas para ahorrar en el recibo de la Seguridad Social y los impuestos municipales, que firmó como miembro de la cooperativa en un banco de Porriño pero desconoce ante quién, ni cuánto se pagaba, ni dónde estaba domiciliada la cooperativa ni quién repartía los puestos ni si existían bienes o cuentas y quién las administraba. Solo que en Moaña se pagaban 10 euros diarios por puesto "a Miguel", que le daba un recibo. También dijo desconocer si se celebraban reuniones de la cooperativa o si se presentaba documentación a los organismos oficiales.