El decreto ley de reforma de la estiba se someterá a debate para su aprobación en el Congreso mañana. La junta de portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja ratificaron en su reunión de ayer la inclusión de la convalidación de la normativa que liberaliza el sector dentro de un pleno extraordinario que se celebrará a continuación de la sesión ordinaria.
Esta reforma afronta su segundo examen en el Congreso un mes después de que el pasado 16 de marzo recibiera un histórico rechazo, que lo convirtió en el tercer decreto ley que no logró convalidarse de la Democracia. Al igual que en la anterior ocasión, el Decreto llega al Congreso con un calendario de paros convocado en los puertos por los sindicatos de estibadores, que arrancarían el próximo 24 de mayo y se extenderían tres semanas. No obstante, al contrario que hace dos meses, Fomento se muestra más "optimista" de cara a lograr los apoyos parlamentarios necesarios para convalidar la reforma, que requiere mayoría simple, esto es, un mayor número de votos a favor que en contra.
Fomento basa su confianza en el "permanente y abierto" diálogo que ha mantenido con los grupos políticos y en el hecho de que el Decreto incluirá, a través de un Real Decreto posterior, los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos de estibadores sobre los aspectos laborales de la reforma y las ayudas de 120 millones comprometidas por el Gobierno para la reconversión del sector, según detalló el titular del Departamento el pasado viernes, tras el Consejo de Ministro que aprobó el nuevo texto.
Apoyos decisivos
En la actualidad, la eventual abstención del grupo parlamentario catalán PDeCAT, frente al rechazo que manifestó en la anterior votación, se perfila como decisiva para que el Gobierno saque adelante la reforma de la estiba.
La abstención de esta formación, que tendría lugar en pleno reto soberanista, junto con el supuesto respaldo de Ciudadanos y PNV, permitiría lograr dar finalmente luz verde a la reestructuración de la estiba que el Gobierno emprendió el pasado mes de febrero.
Con esta reforma el Ejecutivo busca adaptar el sector de la estiba, la carga y descarga de mercancía en los puertos, a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal Superior de Justicia de la UE imponga una multa a España.
Así, en caso de que el Congreso convalide la reforma, España evitará pagar la multa de unos 25 millones de euros que acumula por la sanción que el Tribunal de la UE ya le impuso en diciembre de 2014 por incumplir la normativa comunitaria con el régimen legal de la estiba, y que se le imponga una segunda, de 134.000 euros diarios, por no cumplir la primera multa.
