El gobierno local aún dispone de plazo para recurrir la petición económica de la empresa concesionaria, que reclama al Concello una indemnización de un millón de euros, por el dinero perdido al aplicarse una ordenanza que fue declarada nula por los tribunales. Miembros del gobierno local también son conscientes que existen muchas posibilidades de que los tribunales vuelvan a otorgar la razón a la UTE en el nuevo recurso contencioso que presentó contra la última ordenanza, por la que se aplican unos precios más bajos que los que figuraban en el pliego de condiciones que sacó adelante el bipartito cangués PP-Nardo Faro Lagoa.
