El proceso judicial para investigar el presunto caso de apropiación indebida en el IES Illa de Ons continúa adelante y en estos momentos son tres las personas que están siendo investigadas. Dos de los investigados estaban directamente relacionados con el centro educativo -la exdirectora y el exsecretario- y desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirman que hay una tercera persona, que no estaría vinculada al instituto buenense. Las fuentes consultadas explican que se trataría de una empresaria.
Hace apenas unos días la Fiscalía de Pontevedra dio traslado de la causa al Xulgado de Instrución número 2 de Marín, donde se están investigados los hechos que se destaparon hace ahora justamente un año. El juzgado deberá seguir desde ahora la tramitación prevista en la Ley del Jurado, que es como finalmente se juzgará este asunto. Según el artículo 25 de la citada ley una vez incoado el procedimiento la jueza lo pondrá en conocimiento de las investigados, que deberán ser convocados junto al Ministerio Fiscal para concretar la imputación. A partir de este momento tanto el fiscal, la acusación particular o los acusados podrán solicitar el sobreseimiento de la causa o solicitar nuevas diligencias de investigación antes de proceder al escrito de calificación y de solicitud de juicio oral.
Fue el propio juzgado de Marín el que a finales del año pasado remitió la causa a la Fiscalía de Pontevedra para que se pronunciase acerca de continuar la instrucción como una causa susceptible de la Ley del Jurado. La consulta se realizó porque entre los investigados hay funcionarios públicos y uno de los cuatro ámbitos competenciales del jurado son los presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos durante el ejercicio de su cargo.
En este caso se investiga una presunta apropiación indebida de fondos del instituto Illa de Ons, que se detectó a principios del año 2016. El descubrimiento se hizo de manera casual, cuando el nuevo equipo directivo estaba buscando un recibo para comprobar la garantía de un taladro. En ese momento se encontraron numerosos gastos vinculados a una tarjeta de crédito a nombre del centro educativo y que nada tenían que ver con usos del propio instituto. Cuando la directiva puso los hechos en conocimiento de la anterior directora -que ya no está en instituto- devolvió una parte del dinero. Desde la propia Consellería de Educación reconocían poco después que los centros educativos no pueden disponer de tarjetas de crédito.
