La hormigonera de A Portela sigue generando noticias. Tras conocer a principios de mes que el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra solicitaba informes al Concello de Cangas sobre la ejecución de la sentencia de demolición de la planta de elaboración de hormigón, ahora ese mismo juzgado otorga al Concello un plazo de 5 días para que conteste al oficio remitido el pasado día 5 de abril, es decir que informe si está cerrada la actividad.

Sorprende la poca diligencia del gobierno municipal en este caso, cuando fue uno de sus caballos de batalla cuando estaba en la oposición. Las manifestaciones de los miembros del gobierno, concretamente del concejal de Urbanismo de Concello de Cangas, Mariano Abalo, de que se iba a paralizar la producción de la planta, sorprende con la realidad de los hechos. De nuevo tiene que intervenir el juzgado para pedir la Concello de Cangas que aclare de una vez esta situación. Según distintas fuentes, la planta de hormigón de A Portela está abierta pero trabaja a un ritmo muy lento, como consecuencia de las escasez de la demanda del material. Los tribunales consideran que es hora de que el Concello agilice sus actos y de ahí el plazo de cinco días que otorga para que le comunique como está la situación en estos momentos.

Tampoco hay que olvidar que en el mes de enero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra dictó un auto judicial por el que se requiere al Concello de Cangas para que proceda a la demolición de la planta propiedad de Luis Barros en los tres meses siguientes. El plazo ya expiró pero la planta sigue en pie, a pesar de existir una sentencia judicial firme. No obstante, el gobierno municipal insiste en señalar que la intención de los vecinos es solo que cese de la actividad de la planta, porque se trata de una actividad molesta y peligrosa para la salud.

Ahora mismo, el gobierno municipal de Cangas se encuentra cercado por los tribunales para que actúe, los plazos de agotan y si no se cumplen regresarán las multas coercitivas.