La campaña de denuncia de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) contra los bajos sueldos de trabajadores contratados a través del Plan Concellos, que financia la Diputación, ha irritado a los responsables de la institución provincial, que critican la actitud del alcalde, Xosé Manuel Pazos, y del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, por denunciar públicamente una situación que no se ajusta a la realidad, según aseguran. "Os municipios son os que teñen que contratar e fixar as retribucións dos traballadores coas subvencións que reciben" a través de esa línea de ayuda, afirma el portavoz del gobierno provincial, Carlos López Font, que insiste en dejar claro que la Diputación "nin contrata nin fixa eses salarios", sino que le corresponde a los concellos fijar el número de personas y el sueldo que les va a pagar, que no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) "ou as retribucións que resulten de aplicación en atención á categoría profesional" de cada uno de los contratados, según fijan las bases.
Pazos y Abalo se reunieron el jueves en el Concello con el diputado provincial de En Marea Xosé Lois Jácome para tratar este asunto, que calificó de "indignante" que una institución pública "contrate polo soldo mínimo" y abogó porque sea la Diputación la que sufrague los gastos de personal con sueldos "dignos" y no forzar a los concellos a echar mano de sus recursos para complementarlos. En opinión de López Font, esos reproches solo pueden hacerse "dende o máis absoluto descoñecemento das bases públicas do Plan Concellos", y se pone a disposición de los críticos "para explicar o que consideren necesario". Recuerda que la partida económica concedida a Cangas para la línea tres, de fomento del empleo, "é de 245.030 euros e tan só pediu a cantidade de 196.384", por lo que "sóbranlle 48.665 euros que decidiu pasalos ao capítulo de inversións".
La Diputación destina el 22,5% de las ayudas del Plan Concellos al fomento del empleo, y con arreglo a esas subvenciones "os concellos deciden o número de traballadores e o réxime laboral aplicable". La institución provincial le da la oportunidad a los concellos de financiar el 100% de acuerdo con el convenio laboral en vigor, pero son las administraciones locales beneficiarias de las ayudas las encargadas de pagar los sueldos" conforme a sus propios criterios. "O Concello é quen decide o número de traballadores, polo que pode optar entre contratar o máximo que contempla a subvención, ou ben un número menor con salarios máis altos", subraya Carlos López Font con ánimo de aclarar este asunto.
