El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, asegura que el gobierno municipal todavía no presentó el recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente por tumbar la propuesta de regularización costera presentada por el Concello que afecta a nueve núcleos: Rodeira I, Roderia II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña. Reconoce que sí se anunció al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el contencioso, pero que no se interpuso todavía, de hecho, el alto tribunal otorgó de plazo al ayuntamiento hasta el día 6 de abril para interponerlo. Afirma Mariano Abalo que el Ministerio de Medio Ambiente, concretamente la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y la Jefatura Provincial de Costas, cometieron un error de bulto al confundir la interposición del recurso con el anuncio. Y es que la jefa provincial de Costas, Cristina Paz Curbera, remitió el pasado de 7 de marzo un escrito al Concello de Cangas donde habla de "notificación de acuerdo para emplazamiento al Tribunal Superior de Xustiza como posible parte interesada en relación al recurso interpuesto por el Concello contra el informe emitido por la Dirección General de Sosteniblidad de la Costa y del Mar".
Apoyo vecinal
No hubo pues, según muestra el edil de Urbanismo, oscurantismo ni engaño a los miembros de la oposición ni a sus compañeros de gobierno, sino un malentendido que ya fue aclarado en una reunión de portavoces del tripartito, donde Abalo presentó el escrito remitido por el TSXG.
Mariano Abalo afirma que el hecho de que vecinos afectados, como los de Santa Marta, apoyaran la presentación del contencioso administrativo, "obliga dalguna maneira" a presentarlo.
De no recurrir el Concello de Cangas al contencioso administrativo contra el Ministerio de Hacienda, se perdería la última posibilidad para reducir la línea de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros, allí donde históricamente siempre hubo viviendas. Es una posibilidad que ofrece la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de la Costa y del Mar.
En algunos casos, como en el núcleo de Santa Marta, los vecinos llevan luchando por esta regularización desde el año 1987, siempre de una forma particular. Consideran que si se deja pasar esta oportunidad el perjuicio será muy grande. No hay que olvidar, tampoco, que la regularización no supone legalización. Los afectados por viviendas no podrían aumentar su volumen ni realizar más obras que las de mantenimiento propiamente dicho.
