La apuesta contundente de Portugal por el puerto de Leixões, con el objetivo de afianzarlo como referente del noroeste peninsular, contrasta con la política inversora que ha mantenido el Gobierno de España en Galicia. A finales del año pasado una auditoria del Tribunal de Cuentas Europeo dejaba en evidencia la inversión millonaria realizada en los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol, dos infraestructuras que -concluía la UE- permanecen "infrautilizadas" y que han recibido fondos empleados de forma "ineficaz".
El informe, demoledor, cuestiona en Punta Langosteira el 95% de la inversión europea (257,5 millones) para un proyecto que costó 590 millones y del que apenas se usa el 10% de su capacidad. La conclusión es similar en Ferrol. Allí el puerto exterior permanece al 25%, pese a que tuvo un coste de 110,9 millones y contó con una subvención europea de 39 millones. De esa suma los auditores cuestionan el aprovechamiento del 90%, 35 millones, dado el escaso uso de la infraestructura.
El plan de empresa de la Autoridad Portuaria de A Coruña hasta 2020 contempla que la obra consumirá hasta esa fecha 748 millones, una cantidad en la que no se incluyen los 38 millones del vial de acceso ni la red ferroviaria, todavía pendiente y cuyo coste se estima en 132 millones de euros. En total se estima que superará los mil millones.
