Las máquinas de la APLU comenzaron el año con la demolición de un inmueble en el entorno de Cabo Udra, una edificación que ya había originado numerosos recursos e intentos por parte de sus propietarios para intentar salvarla. Era una vivienda, contaba con cuadras para caballos y, tiempo atrás, llegó a ser una escuela de equitación en la que su dueño enseñaba a montar. Hoy ya solo queda el terreno vacío, al lado de la vivienda en la que residen los promotores.
"Esto viene de hace más de 30 años, por una denuncia que presentó un vecino porque no le deje hacer una entrada por mi finca", asegura que el dueño de las instalaciones derribadas. Una edificación que subraya que "no estaba en dominio público, sino en una finca privada que le compre en su día a Lino Pérez Paz, un vecino de Aldán". Desde la Consellería do Medio Ambiente explican que el inmueble en cuestión estaba construida "sobre unha zona de servidume de protección do dominio público", no directamente sobre el dominio público.
Lo de zona de servidumbre de protección es un matiz importante porque es compatible con la existencia de una parcela de titularidad privada. "Es una finca que estaba destinada a toxal y monte bajo, pero todo en terreno privado. Nunca construiría sobre el dominio público porque eso sería robar a todos los vecinos", afirma con determinación el afectado.
La orden de demolición se ejecutó, según la APLU, porque el inmueble estaba en un suelo "de protección de sitios costeiros sobresaíntes". En la sentencia que motivó el derribo se considera probado que la "construcción, reforma y modificación de la edificaciones existentes -cuadras para caballos- para edificaciones de tipo residencial, presuntamente tipo apart-hotel en suelo no urbanizable, especialmente protegido en el lugar de Cabo Udra".
Los propietarios aún podían seguir recurriendo, pero finalmente desistieron agotados y decepcionados después de un proceso tan largo. "En todo caso esto ya tenía que estar prescrito. Por aquí cerca hay construcciones que son más recientes y no pasa nada. Nosotros teníamos todo con escrituras y registrado, pero no valió de nada", se lamentan. Durante todo este tiempo tuvieron que abonar varias multas coercitivas por no proceder a esa demolición.
Finalmente las máquinas entraron en la propiedad a finales del mes de enero y en menos de una semana completaron el derribo. El coste de esas obras -unos 34.000 euros- fue asumido subsidiariamente por la propia APLU, que podría repercutir el coste al propietario.
