Los servicios jurídicos de la Xunta y los secretarios de los ayuntamientos gobernados por el PP analizarán en los próximos días si hay base legal para impugnar la reanudación de la asamblea constituyente del Área Metropolitana de Vigo y el nombramiento de Abel Caballero como presidente. Paralizar el pleno tras la toma de posesión de los consejeros metropolitanos como defendían los populares equivale a frenar la composición del gobierno del nuevo ente, ya que es el presidente el único que puede convocar la junta de alcaldes, nombrar vicepresidentes, dotarla de secretario e interventor y promover su funcionamiento.
Desde Vicepresidencia de la Xunta confirmaron ayer que se estudiará "si hay que actuar" contra las decisiones del secretario de Vigo y del Área que decidió continuar con la asamblea constituyente y dejar nombrado a un presidente en contra del criterio del presidente de la Mesa de Edad y alcalde de Salvaterra, el popular Arturo Grandal. También evaluarán si cabe recurrir a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo para que resuelva los términos en los que Vigo debe adherirse al transporte metropolitano.
"Hay que estudiarlo todo. No hay precedentes", apuntan desde el departamento de Alfonso Rueda conscientes de la insólita situación vivida el jueves en Casa das Artes tras el abandono del PP. La decisión sobre judicializar o no las discrepancias sobre el transporte se aplaza al menos hasta la próxima semana. Así lo indican también desde la Consellería de Infraestruturas: "No hay una decisión tomada, queremos escuchar a los alcaldes", apuntaba ayer el equipo de Ethel Vázquez.
Y lo mismo sostienen por ahora los alcaldes. Nidia Arévalo, de Mos, pidió a la secretaria del ayuntamiento que estudie el proceder del secretario del Área y avanzaba que "se tomarán decisiones, pero dentro de unos días", en alusión tanto al pleno como al transporte metropolitano, que sigue poniendo como condición para permanecer en el proyecto. Lo mismo apunta Javier Bas, alcalde de Redondela.
Mientras se resuelve la incógnita, el vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, defendía ayer el plante de los alcaldes populares y acusaba a Abel Caballero de "hacer saltar por los aires los compromisos firmados al negarse a participar en el transporte metropolitano". También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abundó ayer en esta idea instando a Caballero a cumplir el convenio firmado por el transporte. Si no lo hace, aseguró que "el Área Metropolitana no comenzará a funcionar por imperativo legal".
Distinta visión en Cangas
La valoración es radicalmente diferente en Cangas. El alcalde, Xosé Manuel Pazos (ACE), cree que el PP se está convirtiendo en un "partido antisistema" y califica de "moi grave" lo ocurrido en jueves en la sesión constitutiva del Área Metropolitana. "Como a maioría da asamblea estaba en contra da tesis do PP, o seu presidente nin siquera permitiu votar e abandonaron a asamblea nunha actitude vergoñenta", señala. "É un golpe de estado contra a Área Metropolitana", arremete, y recuerda que hay un convenio firmado entre el Concello de Vigo y la Xunta sobre el transporte metropolitano, "e se a Xunta quere, mañán mesmo os cidadáns de Cangas poden beneficiarse de dúas viaxes de ida e volta no vitrasa", que estarían confinanciados por ambos. Lo que no comparte el regidor cangués es "que Vigo pague para que todos poidan andar todo o día no Vitrasa".
La actitud del PP, añade, "condénanos aos cidadáns da Área a non poder usar o Vitrasa" porque la puesta en práctica de ese servicio está boqueada por los populares desde el gobierno autonómico, al que anima a acudir al Contencioso para que los tribunales lo resuelvan. "Se non o fai, está perxudicando os intereses dos cangueses e condenándonos a non ter o transporte de Vigo" mientras los ciudadanos olívicos sí disfrutan de lo financiado por Cangas.
Para la concejala del BNG de Cangas Mercedes Giráldez, las "duras liortas políticas" que está provocando el asunto del transporte metropolitano "no son de recibo". Aunque los nacionalistas dicen tener una concepción del transporte metropolitano "moito máis alá" de la implantación de una tarjeta, entienden que el PP pretende utilizar una "competencia municipal clara" como es el transporte urbano de Vigo como "elemento distorsionador" en la configuración del Área Metropolitana, "impoñendo a cesión desta competencia e condicionando a posición do resto de concellos da área". Critica a la Xunta por "amarrar as súas competencias" y establecer el transporte metropolitano "de xeito unilateral e mediante convenios bilaterais con cada concello, pedindo que ademais poñan cartos, cando non llos pide ao goberno central, que pode e debe financiar calquer plan metropolitano de transporte".
