La familia Riobó sí había ganado en 2012 un recurso en el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008 para que se volviera a tasar lal isla, que se había valorado en 6,9 millones de euros. Sobre este valor se calculaba la indemnización que el Estado debería de pagar por la imposibilidad de ejecutar la reversión "in natura" de las islas, y que se estableció en el 5% de dicha tasación.La familia siempre consideró injusta la tasación. Por aquel entonces se le quería pagar a la familia la cantidad de 347.951 euros. Primero perdieron un recurso de súplica en 2009 pero siguieron batallando hasta llegar al Supremo, que les dio la razón.En 2014 llegó la nueva tasación que dobló la cantidad, de 6,9 a 12,1 millones de euros. De esta cantidad, 2,4 millones correspondían a la valoración del suelo; 7,3 a las edificaciones -ocupadas mayoritariamente por colonos que ahora están sujetos a concesiones bajo la tutela de la Xunta- y 2,2 a la de los viales y caminos.
Con aquella valoración se doblaba también la indemnización a la que la familia tenía derecho por la imposibilidad de la reversión de la isla y quedaba establecida en 605..601 euros. La tasación de la isla había subido por la valoración de las edificaciones que en la primera se hizo en base a valores del año 41 y la última con datos del Registro de la Propiedad de Cangas.
