María González González, de 89 años, y Mª del Carmen Alfaya Novas, de 63 años, fueron las vecinas de Aldán que acudieron ayer a declarar como testigos a la segunda vista del juicio planteado por una asamblea de vecinos de la parroquia para reclamar la vuelta a la titularidad comunal de más de 280 hectáreas de montes que consideran "usurpadas" de forma ilegal en su día por los condes y vendidas en diferentes bolsas a distintas sociedades mercantiles. Por parte de estas empresas con títulos de propiedad sobre el monte fueron llamados hasta 15 testigos, aunque siete de ellos no comparecieron.
Todos los testigos llamados por la defensa trabajaron de una u otra forma en estos montes contratados por las diferentes sociedades mercantiles para realizar talas, levantamientos topográficos o en las obras de los chalets adosados de Herbello o del geriátrico.
Cuando se inició todo el proceso, hace 11 años a través de la demanda puesta en representación de los vecinos por José Bermúdez, la asamblea de la parroquia canguesa había propuesto 7 testigos. Desde entonces han fallecido cinco de ellos y dos de los últimos cuatro fijados este mismo año no pudieron prestar declaración por motivos de salud.
María González dejó claro, a preguntas del abogado de los vecinos que se quieren constituir en Comunidade de Montes (Calixto Escariz), que "con 8 anos xa ía a estes montes coa miña nai, a buscar estrume ou a carrexar leña. Ademais ían os veciños de todas as aldeas. Cando alguén lle facía falta ir ao monte ían a estes terreos veciñais", apuntó. En este sentido, Mª del Carmen Alfaya, explicó que en su infancia acudía a los montes que considera comunales "coas ovellas, porque os meus avós tiñan un rebaño". Señala que era muy común el pastoreo "pois outros ían con vacas. Cando empecei a traballar tiña menos tempo, pero sempre que precisaba algo ía ao monte".
Los abogados de las constructoras y de Geriatros insistieron por la vía de intentar deslegitimar la demanda, al preguntar a las testigos si José Bermúdez había sido elegido como representante en una asamblea, mediante una votación con su correspondiente censo, lo que declararon desconocer. También preguntaron por los límites de las distintas parcelas de montes. Las testigos declararon desconocer también si había construcciones de particulares dentro de los terrenos que reclaman como comunales y recordaron las plantaciones realizadas en estas parcelas, aunque aseguraron que no sabían quién pagaba al personal.
Le siguió la declaración de Francisca Fernández, de la empresa Medioambiental Oitavén. Recordó que la compañía trabajó abriendo caminos entre la maleza siguiendo las órdenes de un topógrafo "y sí que vimos algún mojón delimitando el monte, pero sin numeración".
Manuel Freire, representante de una empresa maderera y exconcejal en Bueu, recordó que hace una década realizó una tala en Herbello contratada por alguna de las promotoras que se hicieron con los terrenos -Promalar, Cabo Home do Morrazo o Aires do Morrazo- y señaló que los trabajos se desarrollaron sin problemas y "sin que ningún vecino nos diese aviso de se trataba de un monte comunal". En un sentido parecido se pronunciaron los topógrafos Pablo González y Eladio Montes, que realizaron planos de los terrenos para las promotoras. Apuntaron que las bolsas de montes cuentan con mojones para delimitarlos pero de forma discontinua.
Óscar Pérez y María del Carmen Durán, encargados en las obras de los chalets de Herbello y del geriátrico, también aseguraron que ni el Concello ni los vecinos del entorno les dijeron que los montes podrían ser comunales.
Catedrático
El lunes se celebra, también en los juzgados de A Parda en Pontevedra, la tercera y última sesión del juicio. Se pondrán sobre la mesa las pruebas periciales y las conclusiones. Están llamados a participar dos ingenieros agrícolas, una ingeniera agrónoma y el catedrático de la USC de Geografía e Historia Jesús Balboa.
