"Non debe caber dúbida de que se está actuando con toda a celeridade e contundencia posibles na investigación destes episodios violentos [...] que veñen desenvolvéndose nos mercadillos da Área Metropolitana de Vigo e a súa zona de influencia". Con estas palabras se dirige el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que se mostró sorprendido al leer la misiva. No por el ofrecimiento de Villanueva como "responsable da protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e de garantir a seguridade cidadá", sino porque la carta le llegó a su despacho ayer, unos trece meses después de que Pazos le comunicara el problema, en pleno enfrentamiento entre los colectivos gitanos de los morones y los zamoranos, y cuando el conflicto ya se dirime en los juzgados, tras la detención de Sinaí Giménez y varios de sus familiares.
Al regidor cangués le extrañó el mensaje extemporáneo de Santiago Villanueva, como su alusión a la posible suspensión del mercadillo. "Como sabe, a competencia relativa á celebración ou, no seu caso, suspensión dos mercadillos é exclusivamente municipal, e por tanto a Administración Xeral do Estado debe respectar o ámbito competencial dos municipios, en virtude dos principios que rexen as relacións entre as distintas administracións", le reconoce el delegado del Gobierno, que también le informa de sus esfuerzos para garantizar la seguridad y el orden público y de la creación de una "comisión de traballo e de investigación conxunta entre Garda Civil e Policía Nacional" para hacer frente a los "altercados" en el mercadillo.
Como en los documentos oficiales la información más relevante suele venir al final, el regidor se apresuró a echarle un vistazo al último párrafo, donde se cita que los agentes del orden están "dedicando todos os esforzos para esclarecer o tiroteo que se produciu o pasado mes á saída do mercadillo de Coia, e que os seus autores non queden impunes". Aunque el episodio no se ha resuelto, Pazos concluyó que el mensaje es del 3 de noviembre de 2015 y ha tardado más de un año en llegar desde el despacho de Villanueva en A Coruña al suyo en Cangas.
