El último punto del orden del día de la junta de gobierno de ayer también tenía mucha miga. Se trataba de solicitar un informe técnico y económico que puede ser crucial para el futuro del contrato del servicio, que actualmente presta la empresa Recolte (antes GSC). La actual relación contractual se firmó en mayo de 2010 y expira en mayo de 2018, con la posibilidad de prorrogarla dos años más. Queda casi año y medio por delante, pero los ayuntamientos quieren trabajar con antelación. Ese informe técnico debe despejar en primer lugar si resulta conveniente o no prorrogar el actual contrato, lo que tampoco es una cuestión menor. "Por un lado habría un ahorro de costes porque el coste de la maquinaria (camiones) y de los contenedores ya está amortizado. Pero por otro lado, eso implica que ese material ya sería de la Mancomunidade, que debería asumir cualquier coste de reparación y mantenimiento", explica Félix Juncal.