Una de cal y otra de arena. El Ministerio de Fomento acepta liberar de responsabilidad a las cofradías de pescadores en el caso de accidentes en la recolección subacuática de recursos, caso de la navaja o el erizo, pero mantiene como exigencia que a bordo de estos barcos haya un mínimo de cuatro tripulantes. Un requisito que para los profesionales es absolutamente inviable e imposible de cumplir si se tienen en cuenta las características de la flota gallega. El sector aboga por una reunión a tres bandas, en la que estén el ministerio, la Consellería do Mar y las propias cofradías para intentar buscar una solución que ofrezca amparo legal a los cerca de 600 profesionales que trabajan en toda Galicia.

Fomento trabaja en la redacción de una nueva ley sobre las normas de seguridad en las actividades subacuáticas, en las que se incluye la extracción marisquera. Uno de los problemas es que no hace distinciones entre los buceadores que trabajan en obras industriales o dragados y los recolectores submarinos, a los que exige un plan de seguridad con los mismos requisitos. Ese plan debía ir firmado por las cofradías, con lo que en caso de un accidente los pósitos y sus patrones mayores serían los responsables ante la ley. El presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Antonio Gómez, reconocía ayer que la mayoría de cofradías de la provincia no estaban dispuestas a firmar un documento que implicase semejante responsabilidad, sobre todo después del accidente ocurrido hace unos meses en Cambados.

En Madrid se acaban de celebrar sendas reuniones de trabajo sobre el borrador de esta nueva ley, en la que el sector gallego estuvo representado por el patrón mayor de Vigo, Misael García. El ministerio se mostró dispuesto a modificar el texto para eximir de responsabilidad a los pósitos, pero por contra se enroca en exigir a bordo de cada barco una tripulación de cuatro personas. "Tiene que estar el patrón, que no puede participar en las labores subacuáticas; un buzo de socorro y dos que trabajen bajo el agua en la recolección del recurso", explica Misael García.

Este requisito resulta inviable para el sector marisquero gallego. A bordo de cada barco suele haber dos personas, como mucho tres. "Según las propias normas de Fomento es imposible cumplir con esa exigencia. La mayoría de las planeadoras miden menos de 5,5 metros, con lo que Capitanía Marítima no autoriza que vayan más de tres tripulantes", argumenta. Eso sin contar con que la Consellería do Mar no concede tantos "permex" (permisos de explotación) por embarcación, lo que supondría esquilmar el recurso.

El sector reclama un trato diferenciado para Galicia, donde existe una flota y un número de profesionales que no hay en el resto de España. Una de las propuestas que se llegó a plantear es que los barcos de cada plan de explotación se agrupen en conjuntos de seis u ocho embarcaciones, quedando una persona en la superficie a modo de vigilancia. Esta alternativa, que en la práctica es muy similar a lo que están haciendo ahora los navelleiros con 'jefes de equipo' rotatorios, es rechazada por el Ministerio de Fomento. Alega, no sin razón, que cada barco es una empresa diferenciada y que si el buceador que sufre un percance no forma parte de la tripulación del encargado de turno difícilmente se le puede atribuir a éste responsabilidad. Además mantiene la necesidad de que haya dos personas en la superficie.

El asunto ha llegado a una especie de callejón sin salida que amenaza con dejar en tierra a los navalleiros o a volver a la extracción en apnea. La federación de cofradías de Pontevedra mantuvo el jueves una reunión en la que el patrón mayor de Vigo expuso la situación actual, un encuentro que volverá a celebrarse en el ámbito de la federación autonómica. Los navalleiros y el resto de recolectores submarinos reclaman la intervención de la Consellería do Mar ya que entienden que "nosotros no somos los culpables de esta situación". Por un lado, deben cumplir con los planes de explotación autorizados por la consellería y, por el otro, con las normas de seguridad que son competencia de Fomento. Por ello reclaman que se celebre cuanto antes una reunión en la que las tres partes se sienten para buscar una solución para un sector que en Galicia es clave para unas 600 familias. Según los representantes que acudieron a Madrid el ministerio ya ha enviado una invitación a la Xunta para tratar este asunto.