El grupo municipal del PP de Bueu vuelve a criticar la gestión del Concello en lo referente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y lo que califica como "incorrecta y abusiva actualización catastral realizada de modo voluntario por este gobierno".
Los populares ponen de nuevo el acento sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Estado a una reforma en la Ley Hipotecaria y la del Catastro Inmobiliario, tras la cual quedan excluidos del censo del IBI urbano aquellos terrenos edificables que quedaron sin desarrollar. Es decir, que siguen manteniendo un uso rústico. "Lo que nos gustaría saber es si esta sentencia tiene un carácter retroactivo o no", apunta la portavoz del PP buenense, Berta Pérez. La concejala argumenta que "si para cobrar existe un efecto retroactivo de cuatro años, que también sea así para los que han pagado y no deberían haberlo hecho", defiende.
Advertencia
Desde el PP subrayan que desde el inicio del actual mandato han advertido de este cambio legislativo y critican al gobierno local y al alcalde por no reaccionar antes. "Nos hubiera gustado que se hubiese hecho efectivo cuando lo advertimos para evitar el trastorno vecinal sobre unos pagos abusivos e incorrectos", dice Pérez. A mediados del pasado mes de agosto el gobierno anunció que solicitaría al Catastro que diese de baja del censo esas fincas urbanas que en realidad tienen un uso rústico. "No son solo Agrelo-Portamaior y As Lagoas, también Lágrimas y Castiñeiras", argumentan desde el PP.
Berta Pérez reprocha al regidor local, Félix Juncal, que en su día explicó esta medida correctora "como si fuese de motu proprio" cuando en realidad se trata de una sentencia judicial de obligado cumplimiento. "Vamos, que no se trata de una medida tan voluntaria como quería hacer entender", recrimina la portavoz del PP de Bueu.
