El Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) publicará mañana el anuncio de aprobación inicial de las nuevas tarifas del agua, que se convertirá en definitiva si así lo decide el Pleno tras el periodo de 30 días de exposición pública y alegaciones que marca la ley. El gobierno tripartito quiere agilizar los plazos para que los nuevos precios entren en vigor lo antes posible con el fin de "normalizar" la situación, e incluso baraja la posibilidad de no esperar al 1 de enero sino que ya se apliquen en el recibo del último trimestre de este año, si así lo acuerda con la concesionaria.

Los 30 días de exposición empezarán a contar desde su publicación oficial, por lo que el Pleno para su aprobación definitiva no podrá celebrarse hasta el 10 de noviembre. Lo más probable es que el alcalde aplace la sesión ordinaria de octubre para el viernes 11 de noviembre, pues el cupo de dos plenos extraordinarios al año que fija el plan de ajuste económico ya está cubierto y Xosé Manuel Pazos no hará excepciones. Si para entonces no se hubieran presentado alegaciones, la nueva ordenanza ya sería firme, y de lo contrario la Corporación decidirá si las acepta o las rechaza para confirmar el texto definitivo y determinar el inicio de su aplicación, inicialmente previsto para el 1 de enero de 2017.

El PP ya ha advertido del "desfase" entre la fecha de aplicación que figura en el informe municipal sobre el equilibrio económico financiero (enero de 2015) y la que se aplicará realmente, dos años después. Una diferencia que para el edil Pío Millán es suficiente para echar abajo las previsiones que maneja el Concello y que supondrá, en la práctica, una merma a mayores en las ganancias de la empresa . "A conclusión é que resulta imposible que se cumpra o equilibro económico da concesión", abunda el PP, y le da a la empresa más argumentos para recurrir y reclamar una indemnización que tendrían que pagar todos los cangueses.

El tripartito reconoce ese desajuste, pero no cree que sea relevante e incide en que hay "25 anos por diante", los que establece el contrato de concesión, para estudiar medidas compensatorias" a la empresa. Pero lo más inmediato, señalan los representantes municipales, es notificarle las nuevas tarifas aprobadas y darle un plazo para que pueden presentar los padrones que el Concello debe fiscalizar. De la agilidad de esos trámites dependerá la puesta al cobro de los recibos con las nuevas tarifas, que suponen, en cálculos del gobierno, un ahorro medio del 40% sobre las estipuladas en el contrato, al que la concesionaria se aferra y estaría dispuesta a defender en los tribunales.