Las declaraciones de los testigos protegidos que han comparecido hasta ahora en la causa que investiga supuestas agresiones y coacciones a vendedores ambulantes, así como presuntos delitos de fraude y organización criminal por los que están en prisión varios miembros de la familia Giménez Jiménez, han sido, según su letrado, "coherentes, concretas, verosímiles y contundentes". Alfredo Iglesias Santos destaca la descripción del "modus operandi" del clan de los morones y sus colaboradores para "controlar" los mercadillos de distintos municipios de la provincia de Pontevedra y "someter" a otros vendedores ambulantes mediante "coacciones y amenazas y a espaldas de cualquier legalidad laboral y fiscal".
En opinión del abogado cangués que asiste a testigos protegidos y que no pueden ser identificados -por lo que han llegado a declarar por videoconferencia, con la voz distorsionada y desde lugares desconocidos-, el estado de las actuaciones indica que la querella instada por la Fiscalía de Pontevedra "está muy bien asentada en indagaciones policiales, evidencias probatorias de la comisión de presuntos delitos y en una sólida argumentación procesal".
Para Iglesias -al que los abogados de la defensa han tratado, sin éxito, de apartar del caso, la instrucción del juez Pérez Laya, aun a pesar de la complejidad y dificultades para desarrollar la fase instructora, "está desplegando una capacidad digna de ser tenida en cuenta". Cree que va a dejar "perfectamente despejado" el camino para la apertura del juicio oral "y la acusación de la mayoría, si no de todos, los investigados, a cuya cabeza se encontrarán Olegario Giménez y sus hijos Sinaí, Juan Paulo, Saúl y Marino".
