Los 4.000 propietarios de viviendas en Cangas afectados por la regularización catastral llevada a cabo por el Catastro y que puso al descubierto una bolsa de fraude catastral en el municipio, se encontraron con la sorpresa de que tienen que pagar 60 euros por el trabajo realizado por la empresa. Se trata de un precio público impuesto por Catastro, con el que no está muy de acuerdo el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, preocupado, sobre todo, por clarificar a los contribuyentes la nueva situación. La mayoría de las regularizaciones no se deben a altas de nuevas construcciones, sino a modificaciones, ampliaciones y restauración de inmuebles. Pero hay movimiento vecinal ya por Cangas encaminado a frenar este cobro, que el propio regidor considera abusivo. Los contribuyentes se están organizando y algunos ya acudieron con el asunto a sus respectivos abogados. Los affectados tienen 15 días de plazo para presentar alegaciones.
Las nuevas altas se detectan más en el diseminado, mientras que las otras regularizaciones surgen más en casco urbano. Xosé Manuel Pazos recomienda a los contribuyentes afectados que paguen esos 60 euros, que se trata de un precio público, porque en caso de no hacerlo, el Ministerio de Hacienda puede embargar sus cuentas bancarias. El regidor local afirma que con este cobro el Catastro paga tranquilamente el trabajo realizado por la empresa.
Tranquilizar
Xosé Manuel Pazos quiere tranquilizar a los contribuyentes y afirma que se mantiene la misma ponencia de valores del año 1986, con las actualizaciones obligatorias que el Concello tuvo que realizar impuestas por el Ministerio de Hacienda, desde el año 2011. La regularización impone a los afectados el pago retroactivo de los cuatro últimos años y ofrece tan solo un plazo de 15 días para que los vecinos puedan presentar alegaciones.
Xosé Manuel Pazos está preocupado por lo que considera va a ser una enorme cantidad de alegaciones que la oficina del ORAL de Cangas va a tramitar. En este sentido, ya se puso en contacto con el jefe de ORAL, que depende de la Diputación de Pontevedra, para reforzar con una persona más la oficina de Cangas y que el personal de la empresa que realizó el trabajo de regularización colabore también en la atención a los contribuyentes. El gobierno local de Cangas sí que solicitará a quien corresponda que esos cuatro años de atrasos se puedan aplazar, bien pagando cada año uno o la fórmula que se considere más conveniente. El alcalde lamenta que la mayoría sean altas derivadas de modificaciones, ampliaciones o reformas, no de nuevas viviendas, porque si fuera lo contrario si que supondría una importante inyección de dinero para las arcas públicas.
Y es que la experiencia en otros concellos similares advierte que habrá errores, porque son 4.000 inmuebles que no se ajustaban a lo declarado: desde bajos lóbregos que en la regularización se consideraran como viviendas o galpones que aparezcan también como vivienda. Si se denota una gran presencia de alta de galpones, que cotizan a través del IBI de Rústica, cuyo tipo impositivo es del 3%. También hay en el listado muchas casas que en los años ochenta aparecían como abandonadas y que ahora aparecen reformadas.
Chabolismo no
Lo que queda descartado es que a través de este proceso de regularización se legalicen de alguna manera el chabolismo de playa, que abunda en el municipio, ya que si se cobra el IBI a estas "casas," los propietarios tendrían a que acogerse para solicitar su correspondiente legalización, a lo que no está dispuesto ni el Concello de Cangas ni tampoco el Catastro.
En el año 2012, el municipio de Cangas contaba con 18.886 inmuebles que tenían un valor de 446 millones de euros, lo que suponía un aumento de un 2,28% respecto al año anterior, donde la cifra era de 435.098.865 euros.
