La actuaciones municipales y las decisiones judiciales chocan y lastran en el tiempo el fin del chabolismo de playa que tanto desea erradicar Cangas, por lo menos el anterior gobierno lo tenía entre sus prioridades, además de aquel cuatripartito que en su día presidió Euloxio López (BNG), que tenía concejales que hoy están también en el ejecutivo local. Una nueva sentencia, esta vez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra tira por tierra el trabajo de inspección urbanística realizado por el Concello de Cangas y la posterior decisión del ex alcalde, José Enrique Sotelo, en julio de 2014, cuando procedió a abrir expediente por el desarrollo de una actividad y la ejecución de las obras sin licencia previa en la parcela propiedad de la Asociación Deportiva Ronomar, en donde existe un asentamiento múltiple de caravanas y tiendas, además de acordar la suspensión inmediata de los actos de ocupación así como el corte de los suministros de agua y energía eléctrica. Precisamente esto último es lo que recurre la Asociación Cultural y Deportiva Ronomar, con sede en la calle Urzaiz, Vigo.
El titular del juzgado de lo contencioso número 3 de Pontevedra otorga la razón a la asociación frente al Concello de Cangas. Sostiene que la resolución de la Alcaldía de cortar la luz no es conforme a derecho "y la revoco. con condena a la administración a cesar en la medida de corte de suministro eléctrico aplicada sobre el contador general de la asociación por Unión Fenosa". Según el juez apunta en su sentencia, el fallo del Concello estuvo en que el acuerdo de la Alcaldía de corte de suministro eléctrico se realizó no frente a la persona a quien se había identificado como promotora de la actividad o de las obras inspeccionadas, sino sobre el contador general de la asociación, el que afectaba al servicio completo de la instalación situada sobre la finca de uso cada uno de los asociados (20, el mismo número de parcelas en el que está dividido la finca). El juez señala que el acuerdo municipal rebasó los límites concreto y formales de ese acuerdo, ya que se aplicó lo mismo a todos los asociados de Ronomar, y no frente a una de las personas que había sido identificado como la promotora de la instalación.
El inspector municipal señala "que se atopan instaladas e en uso múltiples caravanas, tendas de campaña, etc, sen licenza para elo". y después el Concello señala que la instalación se ubica en terrenos clasificados por las Normas Subsidiarias de Planeamiento como Suelo Rústico y precisan de autorización autonómica.
El corte de suministro eléctrico que el Concello de Cangas realizó y que el juez invalida (la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) era una práctica habitual con todos los gobiernos. Ya se hizo en época de Clara Millán y también en las de José Enrique Sotelo. El pasado año, el que fue concejal de Urbanismo, Rafael Soliño, con el anterior gobierno del PP, ya apuntaba que no entendía como Fenosa instalaba contadores de luz en viviendas e instalaciones que carecían de permiso municipal. Recordaba que el Concello de Cangas había cortado la luz a asentamientos como el de Punta Alada, que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) se encargó de desmantelar. También es cierto que a pesar de que los juzgado de contencioso de Pontevedra casi siempre obligaban al Concello a reponer el suministro eléctrico, en octubre de 2012, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) otorgó esperanzas al Concello. El alto tribunal gallego revocó varias sentencias que anuló la orden del Concello de cortar la luz y también criticó con dureza a la Xunta de Galicia por la "sorprendente pasividad e inobservancia de sus obligaciones en la materia".
