Los vecinos de Cangas tendrán que abonar desde marzo, de forma escalonada, los recibos del agua de 2015 que no se pasaron al cobro en su día por las protestas vecinales derivadas de la subida de tarifas. El Pleno aprobó ayer, en ausencia del PP -que abandonó la sala para no ser "cómplice das actuacións irresponsables do goberno",- que los trimestres pendientes se paguen con los precios y condiciones vigentes en 2014, tal como ya respaldara la Corporación en abril del año pasado, aunque aquel acuerdo no se llevó a efecto porque no fue publicado en el Boletín Oficial, entre otros motivos debido a las dudas legales sobre su validez, pues no coinciden con los precios que figuran en el contrato del servicio. Los reparos técnicos se mantienen, pero para el tripartito priman los acuerdos institucionales y ha decido llegar con ellos hasta las últimas consecuencias.

La sesión de ayer se saldó en media hora y apenas sin debate. Antes de que el alcalde explicara su propuesta de aprobación de la ordenanza de 2015, el concejal del PP Pío Millán pidió la palabra para hacer constar el malestar de su grupo por la actitud "antidemocrática e ilegal" del alcalde al retirar del orden del día, el mismo día y sin avisar con tiempo a la posición, la propuesta de aprobación de las nuevas tarifas para 2016, punto que consideraban más importante para justificar el Pleno extraordinario. Xosé Manuel Pazos y su compañero Mariano Abalo, interrumpieron el discurso de Millán para calificarlo de improcedente, pues el alcalde tiene la facultad de retirar cualquier propuesta suya si lo considera oportuno, mientras el portavoz del PP para asuntos económicos continuó con sus argumentos hasta anunciar que si grupo abandonaba el Pleno como gesto de protesta por la situación.

Tras algunos reproches desde las filas del gobierno y del público hacia el grupo popular, el alcalde procedió a explicar el procedimiento para aprobar definitivamente la ordenanza que permite cobrar los recibos de 2015 con precios de 2014. Para ello fue preciso desestimar las alegaciones de la propia empresa concesionaria (la UTE Gestión Cangas) donde advierte de la pérdida de ingresos que alguien tendrá que compensar, así como de un particular que denuncia el incumplimiento de varias disposiciones legales y ordenamiento jurídico de aplicación. Pero Pazos incidió en que hay un acuerdo plenario, practicamente unánime, de abril de 2015 que lo ampara y que es base a él se están dando nuevos pasos. El siguiente será su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios del Concello para su entrada en vigor.

Ya sin el PP en la sala, los únicos reproches de la mermada oposición llegaron de los portavoces del PSOE, Alfredo Iglesias, y Cangas Decide, José Luis Gestido. Ambos cuestionaron las formas del tripartito, la falta de información previa y de la documentación preceptiva que debe acompañar a las propuestas de tanta trascendencia como las que rodean el ciclo del agua, así como las dudas jurídicas y con respecto a la retroactividad y validez de unas tarifas sobre otras. Pazos abundó en que lo único que se estaba haciendo es ratificar el acuerdo plenario de abril de 2015 para aplicar solo a ese año las tarifas de 2014, en recibos trimestrales.

Los concejales Mercedes Giráldez (BNG) y Mariano Abalo (ACE) no escatimaron epítetos para el PP, al que acusaron de cobardía por ausentarse del Pleno pese a ser el causante del problema al aprobar el contrato con la concesionaria que supone una subida de tarifas que recibieron una gran contestación social. El tripartito, dijeron, está comprometido con una solución al problema y con la necesidad de empezar a pagar los recibos atrasados para que la situación no se perpetúe. Sin exculpar al PP, Tomás Hermelo (Asemblea) hizo autocrítica del tripartito por no estar a la altura de los ciudadanos y solucionar el problema con más agilidad.