Aunque al PP le parece una falta de respecto y una descortesía que el gobierno no le avise de los cambios en el orden del día, su portavoz, Alfredo Iglesias, prefiere que se retire ese punto hasta negociarlo con la empresa y consensuarlo entre los grupos de la Corporación antes que someter a debate un documento cuya legalidad cuestionan los propios técnicos y que cruzaría la "línea roja". Critica que, tras varios meses esperando por un pleno monográfico sobre el agua, al tripartito le entren ahora las prisas y además pretenda hacerlo sin los informes pertinentes, cuando se trata de un contrato por 25 años y por un importe global que ronda los 60 millones de euros.
Los socialistas también tachan de "ligereza" que se explique a una "asamblea" ciudadana una propuesta que no se presentó a los corporativos, que son los "legítimos representantes", y lamentan el "uso electoralista" de este problema.
