Mientras se desenreda la crisis de gobierno de Cangas a golpe de "malentendido", otra sorpresa deparó la mañana de ayer. A punto de echar el cierre al consistorio, el gobierno tripartito decidió retirar el segundo punto del orden del día del Pleno de hoy, el que hace referencia a la propuesta de la Alcaldía de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios vinculados al ciclo integral del agua del Concello de Cangas 2016 y modificación del contrato de gestión de ese servicio público. Sorprende más porque es el punto principal, el motivo por el que se convoca este pleno extraordinario, la madre de todas las batallas del agua en Cangas, y además porque no se informó a la oposición de ese cambio de planes.
El regidor, Xosé Manuel Pazos, afirma que el motivo no es otro que ayer llegaron los informes económicos solicitados ala consultora Lagares relacionados con la citada ordenanza y que desvelan grandes diferencias con el presentado por la propia empresa concesionaria, la UTE Aqualia-Civis Global. Pazos habla incluso de que se podría rebajar todavía más de lo previsto la tarifa de 2016, y sostiene que mientras se comparan los dos estudios económicos era mejor retirar el asunto del orden del día y llevar el tema al Pleno del 4 de marzo. Además, no hay que olvidar que la ordenanza fue presentada a comisión informativa sin el preceptivo estudio económico que tenía que informar la interventora.
Al final, el Pleno se celebrará con un solo punto: la propuesta de la alcaldía de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios vinculados al ciclo integral del agua del Concello de Cangas 2015. Es decir, que los cangueses pagarán los recibos del agua de 2015 con precios de la tarifa de 2014, que eran más bajos, una decisión adoptada por la Corporación practicamente por unanimidad, aunque sin que nadie haya explicado quién va a pagar ese "desajuste" que los negociadores calculan en unos 350.000 euros. Si la empresa no los condona, como apuntan fuentes próximas, acabaría por repercurtirlos a los cangueses, ya sea de forma directa o indirecta, aunque ese es un asunto por el que hasta ahora se ha pasado de puntillas.
El concejal de Facenda, Mariano Abalo, argumenta que el segundo punto "queda pendiente" porque faltan informes técnicos que lo sustenten, y la atribuye a las prisas por emitir los recibos atrasados. Considera que hay "marxe de maniobra para beneficiar máis aos cidadáns" y que se van a explotar.
