La UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, pasará al cobro desde el mes de marzo los recibos atrasados, tras llegar a un acuerdo con el Concello sobre la liquidación de la deuda pendiente que el grupo de gobierno explicó ayer en una asamblea a la que asistieron alrededor de un centenar de ciudadanos. Los representantes del gobierno tripartito informaron que el próximo mes se remitirán los recibos del primer y segundo trimestres de 2015 (que servirán para ajustar cuantías derivadas de su nueva periodicidad, pues antes era bimestral) y se aplicarán las tarifas de 2014, tal y como aprobó el Pleno por unanimidad. Tras un mes de "descanso" para los usuarios, en mayo se expedirá el recibo del primer trimestre de 2016, ya con las nuevas tarifas que se aprobarán en el Pleno de este jueves. A partir de ahí, se alternará el cobro de recibos atrasasos y nuevos, sin que puedan coincidir ambos en el mismo mes, hasta liquidar toda la deuda y ponerse al día. Con ese ritmo, el ejecutivo calcula que la situación no estará "normalizada" hasta finales del próximo año, con el fin de no "agobiar" a los deudores y que pueden cumplir con sus obligaciones "de forma máis cómoda e escalonada".

En la asamblea, convocada para legitimar los acuerdos entre el Concello y la empresa, fueron el alcalde, Xosé Manuel Pazos, y los concejales de Obras e Servizos (Mercedes Giráldez, del BNG), Facenda (Mariano Abalo, de ACE) y Servizos Sociais (Tomás Hermelo, de Asemblea) quienes tomaron la palabra para explicar los puntos básicos del acuerdo y resolver dudas de los usuarios. El regidor anunció una "rebaixa xeralizada" de las tarifas con respecto a las aprobadas en su día con gobierno del PP, recalcó que los beneficios serán mayores para las familias medias y dejó claro que la UTE Aqualia-Civis Global no es una oenegé, pero sí renuncia a una parte de los beneficios previstos para facilitar el acuerdo. La otra parte saldrá de la reducción de las inversiones comprometidas, que pasan de 3,5 millones a un millón.

Giráldez cifró entre un 30% y un 35% la rebaja media de tarifas del agua con respecto a la ordenanza anterior, la eliminación del cobro por consumo mínimo (sí habrá una cuota de mantenimiento) y la recuperación de la tarifa industrial, con precios algo más elevados para compensar parte de lo que se descuenta a las familias. La reducción de inversiones no afectará a servicios "básicos" como la depuradora o el saneamiento, aunque el tripartito insiste en que Augas de Galicia debe invertir en Cangas el canon que cobra a sus vecinos.

Abalo incidió en esos argumentos y recalcó la disposición a rescatar la concesión y municipalizar el servicio, a pesar de los informes jurídicos en contra, así como en exigir a la empresa que financie con sus beneficios una auditoría externa sobre su funcionamiento. El Pleno facultará al alcalde para que lidere ese proceso. Hermelo, por su parte, repasó los beneficios fiscales que se aplicarán a las familias más necesitadas, que van desde la gratuidad del servicio hasta descuentos del 25% y del 50%, en función de la gravedad de la situación.